Reprueba Congreso de Coahuila que en Nuevo León criminalicen a mujeres que aborten


Las y los diputados de la LXI Legislatura de Coahuila reprobaron la decisión de sus homólogos de Nuevo León de castigar a las mujeres que aborten y violar con ello el garantizar de manera plena los derechos humanos de todas las mujeres.

Desde la tribuna de Máxima Representación Popular la parlamentaria del PRD, Claudia Isela Ramírez Pineda exhortó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, a que conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenten las acciones de inconstitucionalidad conducentes.

Incluso, contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha confirmado que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.

Además, la aprobación de este dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de las personas, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que se les excluiría de tener la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos susceptibles de tener efectos anti-implantatorios, poniéndolas en riesgo de ser sancionadas penalmente por su uso.

Ramírez Pineda señaló que con ello se coloca a las mujeres solo como un medio o lugar para el desarrollo del embrión, siendo accesorias al producto que se gesta en su cuerpo, restringiendo el ejercicio de sus derechos.

Precisó que la obligación forzada de la maternidad discrimina a las mujeres debido a su género, al obligarles a culminar un embarazo en cualquier circunstancia bajo la amenaza de una pena criminal. Igualmente las discrimina en razón de su edad, ya que la norma no respeta el momento biológico y psicológico en el que la mujer se siente lista para ser madre.

Por otro lado, la penalización del aborto, lo que en realidad castiga es la pobreza, pues una mujer de clase acomodada se puede dar el lujo de ir a las clínicas donde el aborto es permitido, dentro y fuera del país, practicárselo y regresar a su estado natal sin mayores problemas legales. Mientras que una mujer pobre tiene que sufrir la persecución y la criminalización por parte de las autoridades estatales.

Advirtió que el aborto no debe ser tratado como un problema moral, debe ser tratado como un asunto de salud pública en el que la mujer pueda decidir, con plena libertad e información, sobre su maternidad.

“Desde esta tribuna legislativa, nos sumamos a las voces que disienten de tan desafortunada reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León, y hacemos un a n de garantizar plenamente los derechos humanos de todas las mujeres”, concluyó.

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