La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido imponer sanciones económicas a Grupo Elektra, empresa del consorcio de Ricardo Salinas Pliego, por utilizar recursos legales con el objetivo de retrasar la resolución de juicios relacionados con adeudos fiscales cercanos a los 35 mil millones de pesos. Esta decisión marca un paso firme en la lucha contra el abuso de los recursos legales para entorpecer procesos judiciales en el ámbito fiscal.
El caso involucra la promoción de un total de 39 impugnaciones por parte de Elektra en relación con cuatro expedientes, de los cuales tres son de índole fiscal y uno financiero. De estos recursos, solo 11 han sido resueltos hasta el momento.
Entre las tácticas empleadas por la empresa se encuentran 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y 4 conflictos competenciales. Hasta ahora, solo se han resuelto 3 impedimentos y 8 recursos de reclamación, mientras que los 4 conflictos competenciales fueron desechados. A pesar de esto, 27 asuntos permanecen pendientes, lo que evidencia una clara estrategia dilatoria, según destacó la ministra Lenia Batres.
Las multas que enfrentará Grupo Elektra están fundamentadas en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo, los cuales contemplan sanciones cuando se detecta que los recursos legales tienen como fin retrasar el proceso judicial. En particular, el artículo 250 establece multas de entre 30 y 300 días de salario cuando se comprueba que los impedimentos presentados buscan entorpecer el procedimiento.
Este no es el primer antecedente de sanciones a Elektra por tácticas dilatorias. El pasado 22 de enero, la Primera Sala de la SCJN ya había impuesto una multa a la empresa por promover impedimentos infundados en los juicios relacionados con créditos fiscales. En esa ocasión, se declaró ilegal la estrategia para evitar que la ministra Margarita Ríos Farjat participara en la resolución de los recursos de reclamación 616/2024, 617/2024 y 618/2024.
Además de las multas por los juicios de amparo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado que las empresas de Salinas Pliego enfrentan una deuda fiscal total de 63 mil millones de pesos.
Esta deuda incluye más de 53 mil millones de pesos en juicios fiscales previos y en proceso, así como más de 10 mil millones de pesos derivados de créditos emitidos durante la actual administración. La deuda se originó a partir de auditorías realizadas entre 2008 y 2018, cuando se estimó inicialmente una deuda de 38 mil millones de pesos, cifra que aumentó debido a ajustes por inflación y recargos.
El 90% de esta deuda está vinculada a la figura de consolidación fiscal, eliminada en 2013, que permitió a las empresas de Salinas Pliego acumular obligaciones fiscales sin cumplir con sus pagos. Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, acusó a las empresas de abuso de esta figura, señalando que han utilizado interpretaciones convenientes para justificar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales.
