La calidad de la impartición de justicia está en riesgo con la reforma judicial. Eso en caso de que se apruebe dar a los jueces y magistrados un plazo de seis meses para resolver asuntos y que además, ante el incumplimiento, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial puede ser informado del retraso e iniciar un proceso sancionatorio contra los juzgadores.
Para hacer efectivos los mandatos de los plazos, se recurre a medios coercitivos para las personas juzgadoras”, de acuerdo con el documento Análisis de la reforma al Poder Judicial Federal, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
