La conferencia de prensa de un viernes cualquiera se tornó en una tormenta política. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció con firmeza y serenidad que los millonarios fideicomisos del Poder Judicial serían transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), y que ese dinero se destinaría principalmente al ISSSTE.
“Será para mejorar los servicios de salud de los trabajadores del Estado. Va a ser transparente”, declaró.
Sin embargo, la palabra “transparencia” no fue suficiente para calmar la tormenta que se avecinaba.
Un movimiento sin aviso que encendió alarmas
El anuncio no fue casual, ni tampoco inocente. La transferencia se realizó de forma unilateral por parte de Nacional Financiera (Nafin), el banco estatal que custodiaba esos fideicomisos, sin notificar al Poder Judicial, su legítimo fideicomitente.
El Consejo de la Judicatura Federal alzó la voz: 11 mil millones de pesos habían sido extraídos a pesar de suspensiones judiciales vigentes. Las alarmas se encendieron entre jueces, ministros y defensores del Estado de Derecho.
Entre la salud y la justicia: ¿a quién beneficia realmente?
Desde el púlpito presidencial, Sheinbaum reiteró que los recursos “no irán a los altos funcionarios de la Corte”, desmintiendo versiones de que estaban destinados al personal de base. Según ella, ese dinero era usado para mantener privilegios injustificados en la cúpula del Poder Judicial.
Pero los jueces, agrupados en la Jufed, refutan esa narrativa. Argumentan que los fideicomisos incluían indemnizaciones para quienes renunciaran o perdieran su puesto por la reciente reforma judicial. Algunos de ellos siguen sin recibir ese pago, pese a que está consagrado en la Constitución.
“Solicitamos que se fundamente legalmente la imposibilidad de realizar los pagos pendientes”, exigieron en un comunicado.
Tensiones cruzadas: sindicatos, reformas y elecciones
Este giro en el destino del dinero judicial se da en medio de una tensa negociación con el sindicato de maestros, quienes se oponen a una reforma al sistema de seguridad social del Estado.
La maniobra puede verse como un intento de calmar esas aguas, ganando el favor de miles de empleados públicos que usan el ISSSTE, incluidos médicos, policías y docentes.
Sin embargo, el costo político puede ser alto. El enojo del Poder Judicial no es menor y el precedente de pasar por alto suspensiones judiciales podría escalar en un conflicto institucional.
¿Un nuevo capítulo en la relación con el Poder Judicial?
Claudia Sheinbaum insiste:
“Se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial. Sus salarios y beneficios están protegidos”.
Pero las palabras no siempre calman el fuego. El Poder Judicial ya había protestado en masa por la extinción de los fideicomisos. Ahora, con el retiro de fondos sin aviso, muchos se preguntan si este es el inicio de una nueva era de confrontación entre el Ejecutivo y la Judicatura.
