Este jueves el Congreso del Estado tomó protesta al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHCE); así como a la Comisionada del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
Lo anterior durante la Sesión del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura.
En el pleno, se sometió a consideración y posteriormente se aprobó por mayoría el Dictamen de la Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, mediante el cual propuso al Pleno terna para elegir a quien ocupe la titularidad de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila de Zaragoza, conformada por Lizeth Verónica Olivas Romero, José Ángel Rodríguez Canales y María José Ríos Hurtado.
Luego de aprobarse el dictamen sobre la terna propuesta, las Diputadas y los Diputados procedieron a elegir, mediante cédulas que depositaron en un ánfora, a José Ángel Rodríguez Canales como Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quien obtuvo 22 votos a favor.
Al concluir la votación, el presidente en funciones de la Mesa Directiva, diputado Ricardo López Campos, procedió a tomar la protesta de ley a Rodríguez Canales, como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, por un periodo de seis años iniciado a partir del momento en que rindió la protesta de ley.
También, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, con Proyecto de Decreto, por el que se designó a Dulce María Fuentes Mancillas, como Comisionada del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, quien obtuvo 24 votos a favor de las Diputadas y los Diputados presentes, emitidos en forma secreta a través del sistema electrónico.
Una vez que aprobó la designación, el diputado López Campos procedió a tomar la protesta de ley a Dulce María Fuentes Mancillas, como Comisionada del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, por un periodo de siete años, iniciado a partir del momento en que rindió la protesta de ley.
