Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, confirmó su intención de declarar un estado de emergencia nacional con el objetivo de implementar un ambicioso plan de deportaciones masivas. La medida busca utilizar a las fuerzas armadas y a las tropas de la Guardia Nacional, bajo el liderazgo de gobernadores republicanos, para arrestar, detener y expulsar a indocumentados en todo el país.
Stephen Miller, arquitecto de las políticas migratorias de Trump y recién nombrado subjefe del gabinete para políticas, lleva más de un año diseñando estrategias para ejecutar estas deportaciones. Miller ha señalado que el plan incluye establecer centros de detención temporales y trabajar en coordinación con gobiernos estatales.
Trump prometió que el esfuerzo de deportación comenzará el 20 de enero de 2025, su primer día en el cargo, aunque no ha aclarado cómo obtendrá los recursos necesarios. En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt ya se prepara para colaborar con el próximo presidente mediante un proyecto piloto que transferirá a indocumentados encarcelados a las autoridades federales.
Sin embargo, la propuesta ha generado una ola de críticas. La organización America’s Voice calificó la medida como inconstitucional, argumentando que la ley estadounidense prohíbe el uso de militares para la aplicación de leyes domésticas, incluyendo la migratoria. Por su parte, la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) ya ha interpuesto una demanda contra el gobierno saliente de Joe Biden para obtener información sobre deportaciones recientes, con el fin de enfrentar judicialmente el plan de Trump.
Mientras tanto, algunos líderes republicanos, como Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, han señalado que la mano de obra migrante es crucial para la economía estadounidense, abogando por reformas que fomenten la inmigración legal.
