El ultimátum impuesto por Elon Musk a los funcionarios federales de Estados Unidos está a punto de vencer. El empresario, cercano asesor del presidente Donald Trump, exigió que los empleados públicos justifiquen su trabajo antes de la medianoche del lunes, o podrían enfrentar su despido.
La orden de Musk responde a la petición de Trump de reducir drásticamente el gasto público, lo que ha llevado a una serie de medidas agresivas dentro del gobierno federal. El sábado, se envió un correo electrónico a más de dos millones de empleados titulado “¿Qué hiciste la semana pasada?”, en el cual se les pidió describir cinco tareas realizadas recientemente. La falta de respuesta podría ser interpretada como una renuncia voluntaria, aunque la comunicación oficial no menciona directamente la posibilidad de despido.
Reacciones divididas en el gobierno y el Congreso
El ultimátum ha generado confusión y resistencia en varias agencias gubernamentales. Algunos departamentos, como el de Defensa y el de Estado, han aconsejado a sus empleados no responder el correo, mientras que el Departamento del Tesoro ha solicitado que sí lo hagan.
Trump ha respaldado la iniciativa de Musk y, aunque inicialmente indicó que la falta de respuesta significaría una renuncia, posteriormente suavizó su postura afirmando que los empleados podrían ser “semidespedidos” o removidos sin mayores detalles.
Mientras tanto, el principal sindicato de empleados federales, el AFGE, ha advertido que impugnará cualquier despido ilegal, acusando a la administración de Trump y a Musk de despreciar a los servidores públicos y los servicios esenciales que estos prestan.
Incluso dentro del Partido Republicano han surgido críticas. El senador John Curtis, de Utah, pidió a Musk “mostrar un poco de compasión”, recordando que “son personas reales con vidas reales”.
Un gobierno en proceso de reestructuración
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace cinco semanas, ha otorgado mayor libertad a Musk para reestructurar el gobierno federal, lo que ha resultado en despidos masivos y recortes presupuestarios. Se estima que 75,000 empleados han aceptado dimitir voluntariamente con la promesa de seguir cobrando hasta septiembre.
Este movimiento forma parte de un plan más amplio dirigido por el recién creado Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuyo objetivo es reducir el aparato estatal. Sin embargo, las medidas han generado inquietud tanto dentro como fuera del gobierno, dejando al futuro de miles de trabajadores en incertidumbre.
