Las comisiones del Senado aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 21 constitucional, la cual otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) facultades de investigación en temas de seguridad pública. La iniciativa, impulsada por el ejecutivo, busca dar un rol más activo a esta dependencia en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad en el país.
El respaldo de la oposición a la reforma fue decidido pero no incondicional. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la medida no debe usarse para vigilancia política o represión contra periodistas y opositores. En este contexto, el panista Ricardo Anaya expresó su apoyo a la iniciativa, resaltando que “poner el acento en la investigación y la coordinación bajo un mando civil” son aspectos cruciales para pacificar el país. No obstante, también subrayó la importancia de mantener controles democráticos que garanticen el respeto a derechos fundamentales.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, manifestó su preocupación sobre la facultad de fiscalización que se otorgará a la SSPC para auditar los fondos de seguridad pública destinados a los estados. Argumentó que la Auditoría Superior de la Federación debería encargarse de esta tarea para evitar un posible uso político de los recursos federales.
En defensa de la estrategia, la senadora de Morena, Beatriz Mojica, destacó que la reforma atiende las causas de la violencia y responde a un contexto de inseguridad heredado de administraciones anteriores, al señalar que “recibimos un país en llamas, que le apostó todo a la violencia sin atender las causas”. La reforma, que ahora pasará al pleno del Senado para su discusión, abre una nueva fase en la estrategia de seguridad pública de México.
