El 11 de abril, el ambiente en el Palenque de Texcoco prometía ser una fiesta. Luis R. Conriquez, conocido por sus poderosos narcocorridos, era el artista estelar. Pero lo que parecía una noche más de regional mexicano se transformó en caos. Antes de subir al escenario, el cantante anunció en redes sociales que no interpretaría corridos como parte de la campaña “Cero corridos”. Lo que parecía un gesto de responsabilidad fue recibido por parte del público con abucheos, gritos y, más tarde, violencia.
Una postura firme desde Palacio Nacional
Horas después, desde Aguascalientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto. Su respuesta fue clara:
“Los narcocorridos no están prohibidos. Eso es importante porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos”.
En lugar de optar por la censura, la mandataria apuesta por una estrategia de largo plazo: la educación.
“Estoy en contra de prohibir y censurar. Más bien es promover otros contenidos”, agregó, dejando claro que su gobierno no tiene intención de regular la música desde la imposición.
Educación antes que prohibición
Sheinbaum propone un camino que involucra a todos: artistas, promotores, medios y ciudadanía. Se trata de construir una nueva narrativa musical que no glorifique a figuras criminales ni normalice la violencia. Un proceso “formativo y educativo”, como lo describió, donde la cultura popular sea una herramienta de cambio, no de estigmatización.
El mensaje toma fuerza justo cuando los narcocorridos han alcanzado gran popularidad, sobre todo entre jóvenes. Esta forma de expresión musical ha generado polémica por su contenido explícito, pero también por su capacidad de conectar con realidades que, en muchos casos, reflejan la falta de oportunidades y el abandono social.
Luis R. Conriquez y la presión institucional
La decisión de Conriquez no fue espontánea. El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, emitió un exhorto a los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco para vigilar que los espectáculos no hicieran apología del crimen o de personajes ligados al narcotráfico. Incluso, advirtieron sobre posibles sanciones a cantantes, productores o promotores que desobedecieran.
Este llamado institucional, aunque no legalmente vinculante, generó un efecto inmediato en los escenarios. El caso de Luis R. Conriquez se volvió el ejemplo más visible de un cambio de paradigma: los artistas ya no pueden ignorar el entorno social ni el impacto de su mensaje.
