Cuando Cuauhtémoc Blanco dejó las canchas para entrar al terreno de la política, muchos creyeron que su fama lo blindaría de los vicios del poder. Sin embargo, hoy el exgobernador y actual diputado federal plurinominal de Morena enfrenta una de las acusaciones más graves de su carrera: el presunto desvío de más de 120 millones de pesos durante su gestión como alcalde de Cuernavaca entre 2016 y 2018.
La organización ciudadana “Morelos Rinde Cuentas” ha alzado la voz nuevamente, evidenciando lo que considera un caso más de corrupción impune en Morelos. Según su vocero, Roberto Salinas Ramírez, durante la administración de Blanco Bravo se realizaron pagos millonarios a una empresa fantasma llamada Obras y Proyectos Cuenca, sin que existan pruebas de entrega de materiales o servicios. Se emitieron 207 facturas por un monto de 13 millones de pesos, lo que representa apenas una parte del presunto desfalco.
Una herencia de deuda y silencio institucional
Pero el problema no se detuvo con el retiro de Blanco del ayuntamiento. Su sucesor, Antonio Villalobos Adán, también de Morena, continuó con una administración que acumuló pasivos millonarios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac). Hoy, ese adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya supera los 230 millones de pesos.
A pesar de que las denuncias fueron presentadas en 2020 ante la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Congreso de Morelos y la Fiscalía Anticorrupción, ninguna autoridad ha resuelto el caso. El Consejo Ciudadano de Morelos considera esto como una señal inequívoca de impunidad estructural.
Un convenio que compromete el futuro
Recientemente, el Ayuntamiento de Cuernavaca logró que el Congreso del Estado autorizara un convenio con la CFE para refinanciar la deuda de Sapac. El acuerdo estipula pagos de 3 millones de pesos mensuales hasta 2027 y de 2.4 millones de pesos hasta diciembre de 2028, comprometiendo recursos municipales más allá del actual periodo constitucional.
Esta decisión, aunque busca una solución financiera, también levanta cuestionamientos sobre el silencio institucional respecto al origen de la deuda y las responsabilidades legales de quienes la generaron.
