Un reciente incidente en Chiapas que dejó seis migrantes muertos tras un enfrentamiento con el Ejército mexicano ha reabierto el debate sobre el uso de militares en tareas de seguridad pública. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos soldados dispararon contra una camioneta después de escuchar disparos mientras un vehículo evadía un retén militar. Tras el ataque, se encontraron cuatro personas muertas en el lugar y otras dos fallecieron más tarde en un hospital, aunque no se han dado detalles precisos sobre cómo ocurrieron los decesos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando los hechos y que los soldados involucrados han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Este suceso se produce en un contexto de creciente militarización de la seguridad pública, luego de que el Senado aprobara la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que ha generado preocupaciones sobre los derechos humanos, particularmente en zonas de tránsito migratorio como Chiapas. Organizaciones no gubernamentales y especialistas en políticas migratorias, como Nadine Cortés, han señalado un incremento en las denuncias de abusos contra migrantes desde que la Guardia Nacional asumió responsabilidades en estas rutas.
La ONU, a través de sus agencias de derechos humanos y migración, expresó su preocupación por este y otros incidentes recientes, pidiendo una revisión de las políticas que rigen la seguridad en las rutas migratorias.
