En agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil en Boston contra ocho fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo a Smith & Wesson, Beretta, Glock y Colt. México acusaba a estas empresas de prácticas comerciales negligentes que facilitaban el tráfico ilegal de armas hacia su país, alimentando la violencia de los cárteles de la droga.
La demanda buscaba una indemnización de 10,000 millones de dólares y una medida cautelar que impusiera nuevas restricciones en la venta de armas. Sin embargo, el 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de EE. UU. desestimó la demanda, citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que protege a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso indebido de sus productos.
⚖️ La PLCAA: ¿protección o impunidad?
La PLCAA, promulgada en 2005, establece que los fabricantes de armas no pueden ser demandados por el uso ilegal de sus productos por parte de terceros. En este caso, la Corte Suprema determinó que México no presentó pruebas suficientes de que los fabricantes ayudaran o incitaran directamente el tráfico ilegal de armas hacia su país.
La jueza Elena Kagan, redactora de la sentencia, señaló que la demanda de México alegaba indiferencia por parte de los fabricantes, no complicidad activa. Además, destacó que las ventas de armas se realizan a través de distribuidores mayoristas, no directamente a minoristas sin escrúpulos.
🌐 Implicaciones internacionales
Esta decisión tiene repercusiones más allá de las relaciones bilaterales entre México y EE. UU. México había solicitado que la Corte Suprema permitiera que el caso avanzara para que pudiera presentar pruebas de que los fabricantes de armas sabían que sus productos eran traficados ilegalmente hacia México.
El gobierno mexicano expresó su decepción por el fallo y anunció que continuará buscando justicia a través de otros medios legales. Mientras tanto, los fabricantes de armas celebraron la decisión como una reafirmación de la protección legal que les otorga la PLCAA.
