El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destituyó a Rosendo Gómez Piedra como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), tras la presentación de diversas denuncias por presunto desvío de recursos y actos de proselitismo político. En su lugar fue nombrado Mauricio Pazarán, considerado cercano a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.
De acuerdo con trabajadores de la unidad, Gómez Piedra anunció el 30 de abril su salida, efectiva a partir del 1 de mayo, luego de que se le solicitara la renuncia junto con otros cuatro altos funcionarios.
Las denuncias, presentadas de manera anónima ante diversas autoridades, acusan al entonces fiscal y a sus colaboradores de solicitar dinero al personal bajo su cargo para apoyar la campaña de Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en derechos humanos y actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre los funcionarios señalados destacan Dolores Cerino Javier y César Ovidio Suárez Aldecoa, quienes presuntamente pidieron recursos a nombre del fiscal. También se solicitó la renuncia de Rubén Moguel y Gustavo García Pereira, ambos directores de área.
La primera denuncia, difundida por el medio Animal Político, fue enviada el 13 de abril al fiscal general y a instancias como la Secretaría de Anticorrupción. En ella también se indica que empleados fueron forzados a asistir a eventos proselitistas.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos ya inició una carpeta de investigación, mientras que el Órgano Interno de Control también revisa el caso.
Una segunda denuncia, acompañada de fotografías y documentos, acusa al exfiscal Gómez Piedra de realizar gastos suntuarios y organizar actividades ajenas a su función, como rifas y concursos de disfraces dentro de las oficinas de la UEILCA.
