El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado recientemente una serie de nuevas restricciones en su política de visados de turista, dirigidas específicamente a combatir el creciente problema de las ciberestafas, los delitos informáticos y la extorsión sexual. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para proteger a los ciudadanos estadounidenses de estas actividades delictivas transnacionales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue quien detalló la implementación de estas nuevas directrices. Según sus declaraciones, la política de restricción de visados afectará directamente a aquellos individuos que sean identificados como responsables o cómplices en la orquestación de este tipo de crímenes. Además, la normativa contempla la posibilidad de extender estas limitaciones a los familiares directos de los implicados.
Rubio subrayó la gravedad del problema, indicando que muchas de estas estafas son orquestadas por organizaciones criminales transnacionales, a menudo con vínculos en China. Estas actividades delictivas han generado pérdidas económicas significativas para los ciudadanos estadounidenses, estimadas en al menos 10 mil millones de dólares solo durante el año 2024. También resaltó el preocupante aumento de redes de extorsión sexual operadas desde el extranjero, que tienen como blanco a menores de edad en Estados Unidos.
El Departamento de Estado ha enmarcado estas restricciones dentro de la estrategia general del Gobierno del presidente Donald Trump para frenar el fraude en línea y otras actividades ilícitas que cruzan fronteras. La administración Trump ha reiterado su compromiso de utilizar “todas las herramientas disponibles” para desmantelar estas redes criminales, incluyendo un abanico de acciones como sanciones económicas, procesos judiciales, solicitudes de extradición y una robusta cooperación internacional entre las fuerzas policiales.
Estas nuevas medidas no son las únicas implementadas por la actual administración para endurecer las políticas migratorias. Previamente, el gobierno había puesto en marcha restricciones para el acceso a la “green card” (tarjeta verde) y limitado el tiempo de permanencia para estudiantes y periodistas extranjeros. La regla que entró en vigor en septiembre otorga a los funcionarios de inmigración la facultad de negar la residencia permanente a solicitantes considerados “una carga pública”.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una normativa que impacta directamente los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios de comunicación extranjeros). Los titulares de visados F y J ahora tienen un límite de cuatro años por cada periodo de admisión, mientras que los periodistas con visado I están restringidos a un máximo de 240 días, con la posibilidad de solicitar prórrogas bajo condiciones más estrictas. Los periodistas de nacionalidad china enfrentan un límite aún más reducido, de solo 90 días.
