La Fiscalía General de Nuevo México ha lanzado una investigación penal formal para determinar si agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) infringieron la ley estatal. La pesquisa busca esclarecer si se permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo circularan libremente en las calles de Albuquerque.
Esta extraordinaria medida surge menos de una semana después de que The Associated Press revelara que agentes de la DEA frecuentemente monitorearon –pero no incautaron– cargamentos de este potente opioide sintético. El objetivo habría sido construir acusaciones penales de mayor envergadura entre 2023 y 2025.
Agentes y exagentes, incluido el denunciante David Howell, expresaron a la AP que esta estrategia comprometió la seguridad pública y pudo haber violado las directrices del Departamento de Justicia de Estados Unidos, diseñadas para proteger a la población ante el fentanilo, que causa la epidemia de drogas más letal en la historia del país.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha enfatizado que los agentes federales “no están por encima de la ley”, aunque gozan de significativas protecciones legales en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Sin embargo, Torrez anunció que comenzará a “exigir documentos e información sobre la conducta de la DEA” a nivel local y nacional.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham había solicitado previamente esta investigación, en un estado que se encuentra entre los más afectados por las muertes por sobredosis de fentanilo. Torrez añadió que “si esas acusaciones son ciertas, las consecuencias para los habitantes de Nuevo México no fueron abstractas. Fueron mortales”, y las familias merecen un recuento completo de lo ocurrido.
Inicialmente, la DEA negó las acusaciones de Howell, pero posteriormente solicitó al organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia que realizara su propia investigación. La agencia afirmó que implementaría cambios si la revisión identificaba áreas de mejora en sus prácticas.
A pesar de la indignación expresada por muchos líderes locales y estatales en Nuevo México, los sentimientos no son universalmente compartidos. Paul E. Martin, fundador de United Against Fentanyl, una organización que representa a miles de familias de víctimas, defendió la labor de la DEA, reconociendo que sus agentes arriesgan sus vidas para retirar drogas ilegales de las calles.
