Más de dos docenas de organizaciones religiosas en Estados Unidos han presentado una demanda contra la administración de Donald Trump, impugnando una nueva política que permite a los agentes de inmigración realizar arrestos en lugares de culto sin necesidad de una autorización especial. La medida ha generado temor entre comunidades religiosas y migrantes, quienes consideran que atenta contra la libertad de culto y los principios humanitarios de protección a los más vulnerables.
La demanda, interpuesta en el Tribunal de Distrito en Washington, alega que esta política ha reducido la asistencia a los servicios religiosos y ha afectado programas comunitarios fundamentales como bancos de alimentos, refugios para personas sin hogar y otros servicios de apoyo para indocumentados. Entre los demandantes se encuentran grupos como la Iglesia Episcopal, la Unión para el Judaísmo Reformista, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista Episcopal Africana y la Asociación Unitaria Universalista, entre otros, representando a millones de fieles en el país.
El reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal, enfatizó el impacto negativo de esta medida en las comunidades religiosas. “No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo”, declaró, subrayando que la demanda busca preservar el derecho de los fieles a practicar su fe sin temor a represalias.
La demanda amplía los argumentos de un litigio previo presentado en enero por congregaciones cuáqueras y respaldado posteriormente por otras organizaciones religiosas. El Departamento de Justicia, en un memorando reciente, ha defendido la legalidad de la política, argumentando que los demandantes basan su solicitud en el temor de un daño hipotético y que la normativa simplemente otorga mayor discreción a los agentes de inmigración.
El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad religiosa. Kelsi Corkran, abogada del Centro de Derecho para la Defensa Constitucional y la Protección de la Universidad de Georgetown, destacó la magnitud del litigio y la preocupación generalizada entre los líderes religiosos. “Ahora pueden ir a cualquier lugar, en cualquier momento”, advirtió, señalando la detención reciente de un hombre hondureño afuera de su iglesia en Atlanta como prueba de la creciente represión.
A pesar de la amplitud del movimiento legal contra la política migratoria de Trump, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que representa la denominación religiosa más grande del país, no se unió a la demanda, aunque ha criticado las medidas del expresidente. En un pronunciamiento paralelo, el papa Francisco condenó el endurecimiento de las deportaciones, advirtiendo que la eliminación forzosa de personas debido a su estatus migratorio es una violación de su dignidad.
Sin embargo, no todos los sectores religiosos se oponen a la nueva política. Mat Staver, fundador de la organización legal cristiana conservadora Liberty Counsel, defendió la decisión del gobierno. “Los lugares de culto son para rezar y no santuarios para actividades ilegales”, afirmó, agregando que la libertad religiosa no puede ser un escudo para quienes violan la ley migratoria.
#Internacionales | Organizaciones religiosas demandan a Trump por redadas migratorias en iglesias
Un grupo de 27 organizaciones religiosas presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por permitir redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales. La demanda,… pic.twitter.com/V1L0YEuFhb
— Radio Punto (@RadioPuntoGT) February 11, 2025
