14 julio, 2026
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Juicios irregulares del Infonavit dejan a 249,000 familias sin hogar

Notas

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El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, reveló una red de corrupción que afectó a 249,000 derechohabientes, quienes perdieron la propiedad de sus viviendas debido a juicios masivos irregulares detectados desde la pasada administración. Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza destacó que estos procesos fraudulentos involucraron un desembolso de más de 29,000 millones de pesos a despachos legales contratados por el organismo.

Según explicó el director del Infonavit, los juicios irregulares comenzaron en 2012 como una estrategia para recuperar viviendas ante la cartera vencida, pero se llevaron a cabo sin informar a los acreditados afectados. Muchas demandas se realizaron en estados lejanos al domicilio de los derechohabientes, imposibilitando su defensa. Incluso se incluyó en los juicios a personas que no presentaban problemas de pago.

Un ejemplo emblemático fue el caso de acreditados del Estado de México que fueron demandados en Coahuila, violando su derecho al debido proceso. Romero Oropeza detalló que, de 373,812 juicios identificados con estas características, el 80% se radicó en entidades distintas al lugar de residencia de los afectados.

Las entidades con mayor número de casos fueron Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos. De las viviendas despojadas, 207,000 aún no han sido escrituradas a favor del Infonavit debido a irregularidades, mientras que 42,000 propiedades fueron vendidas mediante subastas masivas.

A pesar de que el gobierno anterior declaró la suspensión de los juicios masivos, Romero Oropeza señaló que esta práctica continuó bajo una nueva modalidad. Nueve despachos legales simularon procedimientos individuales que perjudicaron a 63,444 derechohabientes, el 96% de ellos residentes en estados distintos a donde se iniciaron las demandas.

Entre los despachos involucrados destacan DESNOR, S.A. de C.V., cuyo representante legal forma parte del Consejo de Vigilancia del Infonavit, y Grupo ACSER, que recibió 103 millones de pesos por gestionar demandas. Además, se denunció la participación de notarios, dirigentes sindicales y funcionarios judiciales locales.

El director del Infonavit informó que, ante el descubrimiento de estas irregularidades, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó iniciar procesos penales contra los implicados, incluidos despachos legales, notarios y funcionarios. Asimismo, se busca resarcir el daño a los derechohabientes afectados.