Este jueves 23 de julio, una coalición de 24 estados de Estados Unidos, junto con el Distrito de Columbia, interpuso una demanda contra la administración del presidente Donald Trump. La acción legal impugna la supuesta práctica de condicionar fondos federales destinados a la preparación, respuesta y recuperación de desastres y emergencias.
La demanda, presentada en Rhode Island, objeta las políticas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se acusa a la administración de exigir a los estados la modificación de sus sistemas electorales y la colaboración con el DHS en la aplicación de las leyes de inmigración para acceder a estos recursos. Además, estas condiciones permitirían al DHS rescindir las subvenciones en cualquier momento y por cualquier motivo.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, declaró firmemente: “Una vez más, la administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales, y una vez más, no saldrán impunes.”
Los estados demandantes argumentan que la imposición de condiciones a los fondos asignados por el Congreso viola tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la cláusula de gasto de la Constitución de los Estados Unidos. En respuesta, un portavoz de FEMA calificó la demanda como una “reacción partidista”, defendiendo las medidas como “de sentido común” para salvaguardar las elecciones y la democracia estadounidense.
“La seguridad electoral es seguridad nacional, y proteger nuestra infraestructura crítica sigue siendo una prioridad absoluta para la administración Trump”, afirmaron. Añadieron que “las preocupaciones sobre los procesos de votación, la seguridad de los datos y las prácticas de registro han dejado claro que es necesario actuar”.
Esta demanda se suma a una serie de acciones legales que han impugnado los reiterados intentos de la administración Trump de presionar a estados, principalmente demócratas, para que acaten sus prioridades a cambio de miles de millones de dólares en fondos federales. Esta estrategia se ha aplicado en diversas áreas, desde la financiación educativa hasta subvenciones para la violencia doméstica y proyectos de infraestructura vial.
Los tribunales ya han dictaminado en ocasiones anteriores que esta estrategia es ilegal e inconstitucional. El año pasado, un fallo judicial impidió a la administración imponer condiciones a otros fondos de FEMA, y un segundo fallo este año bloqueó el desvío de fondos del DHS de estados no considerados “favorables” a su agenda.
La última demanda destaca que la administración está intentando aplicar algunas de las mismas condiciones a la financiación de 2026, lo cual no hizo con la financiación del año anterior. Entre los requisitos impugnados se incluye la obligación de que los estados adopten sistemas de votación con papeletas de papel, realicen auditorías manuales, concilien votantes y verifiquen la ciudadanía de cada votante registrado.
En caso de incumplimiento, los estados corren el riesgo de perder al menos el 20% de los fondos de su Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, dinero crucial para proteger a los ciudadanos de ciberataques y terrorismo. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, afirmó que “la administración Trump está reteniendo como rehenes fondos cruciales para la seguridad nacional y la respuesta ante desastres en su último intento de controlar nuestras elecciones y perpetuar teorías conspirativas sin fundamento.”
