Una nueva era en la seguridad internacional ha comenzado. Este miércoles, en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, los líderes de los países aliados acordaron aumentar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035, atendiendo a las exigencias del presidente de EE. UU., Donald Trump, ante la creciente amenaza de Rusia y el deterioro del panorama global de seguridad.
Pero no todos están de acuerdo. España, liderada por Pedro Sánchez, se ha convertido en el principal disidente de este acuerdo histórico, defendiendo su decisión con un argumento firme: la prioridad sigue siendo el estado de bienestar.
El compromiso OTAN: 3,5 % para defensa y 1,5 % para infraestructura
La declaración final de la cumbre establece que los países de la alianza se comprometen a destinar al menos el 3,5 % de su PIB en capacidades militares, y un 1,5 % adicional para proteger infraestructura crítica, como redes eléctricas, sistemas de telecomunicaciones y servicios digitales.
La cifra no es menor: se trata del mayor incremento de gasto militar conjunto en la historia reciente de la OTAN, y deja claro que la Alianza Atlántica se prepara para un escenario de conflictos más complejos y duraderos.
España dice no: ¿el estado de bienestar en riesgo?
En contraste, España ha manifestado su negativa a elevar el gasto militar hasta ese 5 %, alegando que la medida pondría en peligro sus servicios públicos y el estado de bienestar que protege a millones de ciudadanos.
“Es un acuerdo sobre no estar de acuerdo”, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien también es el anfitrión de la cumbre.
Pedro Sánchez ha reiterado que España invertirá un 2,1 % del PIB en defensa, cifra que considera suficiente para cumplir con las capacidades exigidas por la Alianza sin comprometer el equilibrio social interno.
Rutte entiende, Trump no
Rutte se mostró comprensivo ante la postura española, destacando que “cada país debe encontrar el dinero”, aunque también enfatizó que “no hay otra opción” ante las amenazas globales.
Por el contrario, Donald Trump fue mucho más tajante. Desde antes de la cumbre, ya había calificado a España como “un problema” dentro de la OTAN por su resistencia a elevar el gasto militar.
La tensión entre responsabilidad internacional y prioridades nacionales quedó evidenciada, y el desacuerdo marca una línea divisoria entre la visión de seguridad colectiva y la política interna de los aliados.
Pese a su negativa, Mark Rutte confía en que España está comprometida con los principios de la OTAN y que eventualmente buscará cumplir con los objetivos de capacidad militar de forma progresiva.
Mientras tanto, la declaración de la cumbre ya está firmada. La presión diplomática crece y el equilibrio entre defensa y bienestar será uno de los grandes debates en Europa y el mundo occidental en la próxima década.
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