El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación de Rubén Moreira Valdez, ha presentado una iniciativa de reforma legislativa crucial. Esta propuesta busca modificar la Ley de Instituciones de Crédito con un objetivo claro: impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin la previa autorización de una orden judicial.
La medida surge como respuesta directa a una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicha decisión avaló la facultad de la UIF para congelar activos financieros a través de la inclusión de personas físicas o morales en su denominada “lista de personas bloqueadas”, un instrumento de control preventivo.
La propuesta liderada por Moreira Valdez exige que, para incluir a cualquier individuo o entidad en esta lista, la UIF deberá acreditar ante un juez de control la existencia de indicios suficientes. Estos indicios deben vincular directamente la cuenta bancaria de la persona con delitos como el financiamiento al terrorismo o las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según el documento de la iniciativa, es fundamental establecer de forma “clara, precisa e indubitable” los criterios que la UIF debe observar. Asimismo, un juez de control tendría la responsabilidad de validar estos elementos antes de proceder al congelamiento de cuentas bancarias, especialmente en casos originados o ocurridos en territorio nacional.
Con esta reforma legal, el coordinador priista busca combatir la discrecionalidad y el posible abuso de autoridad en los procesos de bloqueo de cuentas. La iniciativa apunta a fortalecer la motivación y la fundamentación de las resoluciones administrativas, garantizando mayor transparencia y certeza jurídica para los afectados.
Además, se pretende facilitar un control judicial posterior al bloqueo de una cuenta bancaria, asegurando que cualquier acción de la UIF esté debidamente respaldada y sujeta a revisión. Esto permitiría un equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos individuales de los ciudadanos.
