El Senado mexicano aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una de las reformas más esperadas en materia laboral; sin embargo, el dictamen ha generado polémica al no garantizar dos días de descanso obligatorios para los trabajadores.
La medida contempla una implementación gradual que iniciará en los próximos años y se completará hacia 2030, con el objetivo de permitir que empresas y sectores productivos se adapten sin afectar la economía.
Pese a este avance, el principal punto de crítica ha sido que la reforma mantiene el esquema actual de descanso: un día por cada seis trabajados. Esto significa que, en la práctica, muchos empleados podrían seguir laborando de lunes a sábado, a pesar de la reducción de horas.
Además, el proyecto abre la posibilidad de aumentar el límite de horas extra semanales, lo que ha generado preocupación entre especialistas y legisladores de oposición, quienes consideran que esto podría contrarrestar los beneficios de la reforma.
El gobierno ha defendido la iniciativa argumentando que busca alinear a México con estándares internacionales y mejorar la calidad de vida de más de 13 millones de trabajadores. Sin embargo, el debate continúa, ya que diversos sectores insisten en que la reforma queda incompleta sin garantizar un descanso de dos días.
