El Senado de México ha emitido una declaratoria de aprobación para la reforma constitucional en materia de feminicidio, un paso crucial hacia la creación de una ley general unificada. Esta iniciativa, avalada previamente por la Cámara de Diputados, busca armonizar los criterios para abordar este grave delito en todo el territorio nacional.
La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que aborde la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio. Este esfuerzo legislativo responde a la urgencia de establecer un marco legal coherente y robusto para combatir esta problemática.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, subrayó que el objetivo principal es fortalecer la lucha contra la violencia feminicida en un país donde, lamentablemente, se registran en promedio diez asesinatos de mujeres al día. La unificación de criterios busca mejorar la efectividad de las acciones judiciales.
Las cifras oficiales son alarmantes: entre 2018 y 2025, México contabilizó más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres. Sin embargo, solo 6 mil 781 de estos casos fueron investigados bajo la figura legal de feminicidio, evidenciando una brecha significativa en la procuración de justicia.
Unificación de criterios a nivel nacional
La aprobación de esta reforma fue posible gracias al respaldo de 27 congresos locales, lo que demuestra un amplio consenso en la necesidad de esta medida. Entre los estados que apoyaron la iniciativa se encuentran Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, entre muchos otros, reflejando un acuerdo interinstitucional.
En 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 víctimas de feminicidio en el país. Estas estadísticas refuerzan la importancia de contar con una legislación que asegure una investigación y sanción adecuadas, así como una reparación integral para las víctimas.
La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, abrirá la puerta a la discusión y eventual promulgación de la Ley General de Feminicidio, lo que representa un hito en la protección de los derechos humanos de las mujeres.
El propósito fundamental de esta nueva ley es establecer bases mínimas y uniformes para la definición del delito y sus respectivas sanciones. Actualmente, la disparidad de criterios entre los 32 estados ha provocado que menos del 25 por ciento de estos delitos sean investigados como feminicidio, generando impunidad y revictimización para las afectadas y sus familias.
