La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha refrendado un decreto clave del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una decisión que incluyó felicitaciones del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz hacia el exmandatario por su postura en el asunto.
En una sesión significativa, el pleno de la SCJN declaró constitucional el decreto emitido en 2022. Este instrumento legal tiene como fin designar los vastos terrenos del antiguo Lago de Texcoco, el mismo sitio donde se proyectaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), como un Área Natural Protegida.
La validación se produjo luego de que ocho de los nueve ministros, con la excepción de Loretta Ortiz Ahlf, rechazaran amparar a ejidatarios de San Salvador Atenco. Estos grupos habían impugnado el decreto argumentando una presunta violación a su derecho de audiencia previa y falta de consulta.
A pesar de la negativa del amparo, el ministro Aguilar Ortiz subrayó la necesidad de una garantía de audiencia reforzada, especialmente cuando se trata de pueblos indígenas. Destacó que el ejido quejoso fue notificado y tuvo oportunidad de presentar pruebas y alegatos antes de la publicación oficial del decreto.
Aguilar Ortiz elogió la decisión de designar la zona de Texcoco como Área Natural Protegida, fruto de un diálogo con las comunidades. Recordó la conflictiva situación vivida en el sexenio de Vicente Fox con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, lo que resalta la importancia de un enfoque distinto en la actualidad.
El ministro presidente afirmó que la determinación de López Obrador sienta un precedente al escuchar a los pobladores de municipios como Texcoco, San Salvador Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México.
Sin embargo, el ministro Giovanni Figueroa Mejía expresó su preocupación por lo que consideró una contradicción. Argumentó que el proyecto negaba el amparo a pesar de reconocer un posible compromiso en el derecho de audiencia, lo cual, a su juicio, iba en contra de precedentes previos.
En respuesta, Hugo Aguilar Ortiz defendió la coherencia del proyecto, enfatizando que no se trata de una “ocurrencia”. Aclaró que la garantía de audiencia sí se cumplió con los ejidatarios, incluso de manera reforzada, respondiendo directamente a la queja planteada.
Aguilar Ortiz rememoró las “lastimosas” violaciones a derechos humanos ocurridas en San Salvador Atenco, que incluso llegaron a la Suprema Corte. Para él, la decisión actual refleja un cambio positivo en la forma de abordar estos proyectos.
Finalmente, la ministra Lenia Batres aportó que el decreto no prohíbe el uso de la tierra, sino que permite diversas actividades productivas, incluyendo la agricultura y ganadería, lo que desmitifica la idea de una cancelación total de usos para los habitantes.
