La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha formalizado la designación de varios funcionarios clave dentro del organismo, ejerciendo las nuevas atribuciones que le confiere una reciente reforma legal. Esta decisión ha permitido que seis encargados de despacho asuman la titularidad de sus puestos, mientras se perfilan nuevos liderazgos en otras áreas estratégicas.
Entre los nombramientos más destacados se encuentra Mario Alberto Alejo García, quien dirigirá la Unidad Técnica de Fiscalización, un área de vital importancia para la transparencia electoral. Asimismo, Anahí Silva Tosca ha sido designada como responsable de la dirección de Asuntos Jurídicos, ocupando el lugar de Juan Manuel Vázquez, quien se aparta por motivos de salud.
Esta facultad unilateral de designación por parte de la presidenta del INE ha suscitado un considerable debate interno. Colegas consejeros han expresado preocupación por la posible afectación a la colegialidad que tradicionalmente rige las decisiones del Instituto, un tema que ya ha escalado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en ocasiones previas.
Los funcionarios que han pasado de encargados de despacho a titulares incluyen a Yessica Alarcón Góngora en la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a Roberto Carlos Félix López en la dirección de Organización Electoral. También se suman José Alberto Pérez de Acha en Informática, Sergio Uzeta en Comunicación Social y Jorge Egren Moreno en el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Sin embargo, otras dependencias cruciales de la Junta General Ejecutiva, encargadas de la operatividad administrativa del INE, como la dirección ejecutiva de Administración y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, continúan bajo la figura de encargados de despacho, a la espera de futuras definiciones.
En un asunto relacionado, la Sala Superior del TEPJF ratificó recientemente el criterio del INE respecto a las afiliaciones duplicadas entre los padrones de partidos políticos. La resolución establece que solo será válida la afiliación más reciente y que se priorizarán los documentos originales que demuestren la voluntad del ciudadano para inscribirse.
Esta determinación impacta directamente a agrupaciones como Morena, que deberá validar alrededor de 153 mil afiliaciones capturadas a través de una aplicación propia. La sentencia del TEPJF exige la presentación de documentos con firma autógrafa o huella digital para verificar la adhesión voluntaria a una organización política.
