El 22 de mayo de 2025, una nueva herida se abrió en el ya desgarrado corazón de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, ratificó una sentencia que ha causado indignación nacional: la absolución de José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, en relación con la desaparición de los estudiantes.
La justicia de la Unión, dijo el fallo, “no ampara ni protege a las víctimas indirectas”, es decir, a los padres. Así, en una sola línea legal, se desmoronaron años de lucha, esperanza y exigencia.
Una historia marcada por el dolor
Desde la noche del 26 de septiembre de 2014, los rostros de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se volvieron símbolo de la lucha por la justicia en México. Los padres recorrieron calles, cruzaron fronteras, enfrentaron gobiernos. El enemigo siempre fue claro: la impunidad.
Cuando José Luis Abarca fue señalado como una de las figuras clave detrás de la desaparición, miles sintieron que al menos una parte de la verdad saldría a la luz. Pero tras años de procesos judiciales, la sentencia definitiva ha confirmado lo que muchos temían: el sistema no está diseñado para los dolientes, sino para los poderosos.
¿Qué dijo exactamente el tribunal?
El juicio de amparo 70/2022, promovido por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), fue un intento por revertir una resolución anterior que ya había absuelto a Abarca del caso Ayotzinapa. Sin embargo, el Tribunal en Matamoros decidió ratificar la resolución del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en la causa penal 66/2015.
En resumen, la justicia determinó que los padres de los 43 no son considerados víctimas directas en el juicio y, por tanto, no tienen derecho a ser amparados por el Estado mexicano en este caso.
Abarca sigue preso… pero no por Ayotzinapa
Es importante aclarar que José Luis Abarca no quedará en libertad, al menos por ahora. Permanece en el Cefereso número 1, El Altiplano, en el Estado de México, donde cumple una condena de 20 años por el homicidio del activista social Justino Carbajal Salgado, ocurrido en 2013. Además, enfrenta cargos adicionales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
Sin embargo, la absolución por el caso Ayotzinapa representa una enorme derrota simbólica para las familias. Para ellos, este proceso no era solo jurídico, era profundamente humano. Una forma de dar sentido al horror que vivieron.
La decisión del Tribunal ha generado reacciones de indignación en redes sociales, medios de comunicación y colectivos de derechos humanos. El Centro Prodh, acompañante legal de los familiares desde el inicio, denunció que el Estado vuelve a fallar a quienes más lo necesitan. En palabras de uno de los padres: “Nos quitan a nuestros hijos, y ahora nos quitan también la justicia.”
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta, una deuda pendiente del Estado mexicano. Esta sentencia solo profundiza la desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial y refuerza el sentimiento de abandono de quienes han dado todo por saber la verdad.
