El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al firmar una orden ejecutiva que modifica significativamente el calendario de vacunación infantil federal. Esta medida reduce el número de enfermedades para las cuales el gobierno recomienda la inmunización universal en niños.
La nueva normativa disminuye de 18 a 11 las afecciones contra las que se aconseja vacunar a todos los menores. Además, establece nuevas clasificaciones para inmunizaciones clave como las de la gripe, COVID-19, hepatitis A y B, rotavirus y meningitis, dejándolas sujetas a criterios de riesgo individual o a una decisión compartida entre padres y profesionales de la salud.
Debate y preocupaciones
Trump, junto al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., presentó esta acción como un paso hacia un calendario de vacunación “estándar de oro”. Durante la firma, el exmandatario reiteró sus polémicas afirmaciones, vinculando la revisión a un supuesto aumento del autismo y cuestionando la seguridad de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola), a pesar de que décadas de investigación científica han desmentido cualquier relación causal.
La decisión ha encendido las alarmas entre los expertos en salud pública, quienes advierten sobre un posible resurgimiento de enfermedades prevenibles. Esta preocupación es particularmente relevante en un contexto donde Estados Unidos ya ha experimentado un aumento histórico en los casos de sarampión en años recientes.
La medida fue fuertemente criticada por figuras como el senador republicano y médico Bill Cassidy. Cassidy expresó que Trump carece de la experiencia necesaria para tales modificaciones en las políticas de salud pública y defendió la seguridad y eficacia de las vacunas respaldadas por la ciencia.
Impacto en la salud pública
El senador Cassidy también refutó categóricamente las insinuaciones de un vínculo entre las vacunas y el autismo. Alertó que la propuesta de administrar por separado las inyecciones contra sarampión, paperas y rubéola, en lugar de la vacuna triple vírica combinada, podría resultar en un mayor número de pinchazos para los niños, incrementando la incertidumbre y las dudas entre los padres.
Como parte de la orden ejecutiva, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) tiene un plazo de 90 días para presentar propuestas. Estas incluyen la revisión del calendario de vacunación infantil, la búsqueda de alternativas a los adyuvantes de aluminio y el fortalecimiento de la investigación sobre la seguridad de las vacunas, buscando asegurar una base científica sólida para futuras decisiones.
