El gobierno de Estados Unidos está implementando una estrategia para fortalecer sus operaciones de control migratorio mediante la creación de una flota aérea exclusiva. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha iniciado la búsqueda de una empresa privada que se encargue de operar y mantener estos aviones, que serán esenciales para diversas misiones.
Esta iniciativa contempla la adquisición y gestión de aeronaves específicas, incluyendo dos aviones C-37B, comparables al Gulfstream G650ER, y siete Boeing 737-700 o modelos de prestaciones similares. La capacidad operativa exigida a los contratistas incluye vuelos las 24 horas del día, con posibilidad de activar misiones nacionales e internacionales con poca antelación.
Las tareas asignadas a esta futura flota son variadas y de alta importancia. Principalmente, se utilizarán para vuelos de deportación y repatriación voluntaria de migrantes. Sin embargo, también estarán destinadas al traslado de equipos de respuesta ante crisis, evacuaciones médicas urgentes y otras operaciones consideradas de alto riesgo.
Ampliación de la infraestructura migratoria
Este proyecto marca un paso más en la visión de la administración de Donald Trump de expandir significativamente la infraestructura dedicada al control de la inmigración. Aunque la idea de una flota propia se inició bajo la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, el plan de utilizar aviones gubernamentales en lugar de depender exclusivamente de vuelos chárter se mantiene firme.
La propuesta ha generado críticas por parte de legisladores demócratas y grupos de control. Cuestionaron la necesidad de que el DHS posea una flota con configuraciones de lujo, como un Boeing Business Jet con dormitorios, y su similitud en pintura con el Air Force One presidencial. Estas dudas contribuyeron a la destitución de Noem en marzo.
Actualmente, la mayoría de los vuelos de deportación a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se efectúan mediante contratos con empresas privadas. La adquisición de aeronaves propias busca reducir la dependencia de estos proveedores externos y, a largo plazo, optimizar los costos operacionales del departamento.
A pesar de la ambición de Donald Trump de alcanzar un millón de deportaciones anuales, las cifras recientes muestran un ritmo menor, con más de 550 mil personas deportadas entre enero de 2025 y abril. Sin embargo, el gobierno continúa ejerciendo presión sobre el ICE para aumentar las detenciones y acelerar los procesos de expulsión.
Continuidad del plan bajo nueva dirección
Desde la llegada de Markwayne Mullin como secretario del DHS en marzo, se han observado algunos cambios en la estrategia, como la reducción de redadas de alto perfil y el abandono de otros proyectos de infraestructura migratoria de la administración anterior. No obstante, la convocatoria para operar la flota aérea confirma que este plan específico sigue adelante.
La solicitud de información no detalla el valor estimado del contrato, pero indica que el acuerdo podría iniciar el 28 de julio de 2027 y extenderse por un periodo de cinco años, hasta el 27 de julio de 2032. Este plazo subraya la visión a largo plazo del DHS para esta capacidad aérea independiente.
Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) ya muestran que varias aeronaves, previamente operadas por Avelo Airlines, ahora figuran bajo la propiedad del DHS, al igual que dos Gulfstream G650. Esto evidencia los pasos concretos que se están dando hacia la materialización de esta flota gubernamental.
