La Cámara de Diputados aprobó este 13 de noviembre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tras una votación que culminó con 335 votos a favor y 108 en contra. La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, modifica el artículo 19 de la Constitución para establecer que el juez deberá ordenar prisión preventiva en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada y extorsión, entre otros. También se incluyen delitos relacionados con la producción, importación y tráfico de fentanilo, extendiéndose la medida a la distribución de precursores químicos.
Durante la discusión, se presentaron tres reservas, de las cuales dos fueron aprobadas para excluir del catálogo el narcomenudeo y la defraudación fiscal. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, explicó que el narcomenudeo fue excluido con el objetivo de darle un tratamiento social y mejorar el tejido social, particularmente entre jóvenes. Respecto a la defraudación fiscal, Monreal señaló que, aunque en un principio se planteó incluirlo, Morena consideró que este delito no debería ser motivo de prisión preventiva para fomentar un ambiente de unidad nacional.
Sin embargo, la decisión ha sido duramente criticada por la oposición. Diputados del PRI y PAN expresaron que la reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos y que podría violar el principio de presunción de inocencia. Según el diputado priista César Alejandro Domínguez, esta medida revive un sistema penal inquisitorio, mientras que el panista Fernando Torres Graciano argumentó que no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa reduzca la criminalidad y añadió que solo un gobierno eficiente podría enfrentar delitos graves sin la necesidad de aplicar soluciones simplistas.
La iniciativa ahora pasará al Senado, donde será evaluada en comisiones y, de aprobarse, deberá contar con la ratificación de al menos 17 congresos locales para modificar la Constitución.
