El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido un tope de gastos de $220 mil pesos para los candidatos a cargos judiciales, sin importar el ámbito de su campaña. Esta decisión ha generado controversia y un intenso debate sobre su impacto en la equidad del proceso.
Un debate que dividió opiniones
La sesión del Consejo General del INE duró casi tres horas, con propuestas divergentes. El consejero Uuc Kib Espadas planteó una diferenciación de montos según la escala de la campaña: $220 mil para campañas nacionales y $162 mil para las de circunscripción, circuito y distrito. En contraste, la consejera Carla Humphrey propuso elevar la cantidad, y la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sugirió hasta $1.4 millones para candidaturas nacionales.
Sin embargo, prevaleció la decisión de un monto único de $220 mil pesos para todos los candidatos, sin distinción territorial.
Sin financiamiento público ni privado
Según el artículo 96 de la Constitución Política, los candidatos no pueden recibir financiamiento ni público ni privado, por lo que deben utilizar sus propios recursos para la campaña. Este límite abarca gastos personales, viáticos y traslados.
Humphrey explicó que este tope busca asegurar que las candidaturas sean autónomas en la administración de sus recursos sin caer en excesos que puedan afectar la equidad electoral.
Aprobación de listas y avance en la impresión de boletas
Mientras tanto, Talleres Gráficos ha avanzado en la impresión de 70 millones de boletas para la elección de ministros de la Suprema Corte y casi 10 millones para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ayer, el INE aprobó las listas de candidatos para el Tribunal Disciplinario, Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y jueces de distrito, tras corregir errores en los datos proporcionados por el Senado.
Estos errores incluyeron omisiones de CURP, números de teléfono y correos electrónicos, lo que retrasó el proceso de validación.
Amenazas a candidatos en Veracruz
Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, denunció que al menos 10 aspirantes municipales han recibido amenazas para que se retiren de la contienda. En una entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, reveló que los candidatos han recibido mensajes intimidatorios, mencionando incluso a sus familiares para presionarlos.
Ante esta situación, Carbonell exigió garantías de seguridad para los candidatos y los ciudadanos de Veracruz, señalando que se ajustarán estrategias de campaña para minimizar riesgos. “Vamos a dar la batalla y demostrar que somos la única alternativa libre de traidores”, afirmó.
Un futuro incierto para la elección judicial
La decisión del INE de fijar un mismo tope de gastos para todas las candidaturas, sumada a la prohibición de financiamiento externo, podría afectar la equidad de la contienda. Mientras los candidatos buscan estrategias para optimizar su presupuesto, la seguridad de los aspirantes también se convierte en una preocupación creciente.
Con la impresión de boletas en marcha y la campaña en curso, el proceso electoral se perfila como uno de los más desafiantes en la historia judicial de México.
