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Por Eduardo J. De La Peña

La adjudicación de los nuevos pedidos de carbón por parte de la CFE terminó con doce procedimientos desiertos o rechazados, con lo que hay un déficit de ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas, de los 3 millones 200 mil que proyectan comprar en los próximos 30 meses.

Esas ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas representan un negocio de más de mil millones de pesos, por lo que habrá que estar muy atentos sobre cómo lo resuelve la paraestatal, y si abre nuevos procedimientos con los mismos doce proveedores o favorece a algunos otros de los que bien se sabe son privilegiados.

Dos de los 53 proveedores a los que la CFE solicitó ofertas no las presentaron, Comercializadora de Productos Minerales Mercurio, establecida en Monclova y representada por Everardo Huerta Guajardo, quien sí tiene antecedentes en la actividad minera del carbón.

Tampoco presentó postura Construcciones Transforma, la empresa a la que nos referimos en alguna columna anterior y que está establecida en Boca del Río, Veracruz.

Y finalmente fueron dos empresas vinculadas con el dirigente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, a las que se les rechazaron sus ofertas, Desarrollos El Arca, que iba por un contrato de 142 mil 500 toneladas y Minera Jipa, por 72 mil toneladas.

En ambos casos se le rechazó su oferta por no presentar el Manifiesto de Impacto Ambiental.

El pedido para El Arca era el segundo de mayor cantidad de toneladas, solo por debajo de las 158 mil 400 que se habían previsto para Black Fossil, empresa de Eduardo García Soto, a quien también le rechazaron su oferta, por no expresar los plazos de entrega del mineral en su oferta técnica.

Así, ninguno de los 43 pedidos que sí se adjudicaron llega a las cien mil toneladas, los de mayor cuantía son el de 94 mil 500 toneladas, para Minera Dalma de Armando Garza Evaristo; y las 91 mil 200 que por 110 millones de pesos le comprarán a Grupo Sacu de Luis Alfonso Rodríguez Garza.

Sí, Wicho Rodríguez vuelve a participar, por más que cada que se abre un concurso o pasa algo en la Carbonífera jura y perjura que es la última vez que le entra a la minería del carbón.

Y por si a alguien todavía le quedan dudas de la simulación que hay en estos procedimientos, todos los proveedores presentaron una oferta económica idéntica, mil 207 pesos con 56 centavos por tonelada. Cual si fuera un dictado.

CFE decidió pagar la tonelada de carbón en un 16.7% más que los mil 034 pesos que ofreció en 2020. En dos años los salarios mínimos se han incrementado un 15%, y

el precio de los combustibles un 20%, ¿realmente este precio les permitirá cubrir los costos de producción, o forzará nuevamente a las empresas mineras a buscar “ahorros” invirtiendo menos en seguridad?.

Y ya que estamos en el tema, el Secretario de Inversión Pública, Gerardo Berlanga Gotés, en relación con lo publicado con el ÍNDICE del viernes anterior, precisó que Transportes Somifer sí tiene títulos vigentes de yacimientos mineros, y lo que está buscando rentar son los terrenos en donde se encuentran esos mantos, pues no son propietarios de la tierra.

Berlanga explicó a esta columna, que ha apoyado en diferentes gestiones a Somifer, por una relación personal, desde hace más de veinte años, con el ya fallecido Miguel Aréchiga, y que ahora ha continuado con la viuda y la hija del empresario, que están al frente de la compañía, pero en su caso no es socio ni representante legal.

A Somifer la CFE le confirmó un pedido de 72 mil toneladas de carbón, con lo que retomará sus actividades y la proveeduría a la paraestatal luego de que se le bloqueó en 2019 para que no pudiera participar en los pedidos que se adjudicaron en aquél año a PRODEMI.

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En otros temas, quien quedó en evidencia fue el Procurador de Protección al Ambiente, Javier Rodríguez Mendoza, pues el domingo esa dependencia no atendió las denuncias ciudadanas de vecinos del barrio de Santa Anita en Saltillo que pedían la intervención de la autoridad para detener a un sujeto que mató un perro a machetazos.

Simplemente no hubo respuesta de esta instancia que tiene la facultad de intervenir ante casos de violencia contra los animales, pero tal parece que esos casos tienen que ocurrir de lunes a viernes y en horario de oficina, pues de otra manera el Procurador no responde.

De donde sí obtuvieron respuesta los vecinos fue de la Fiscalía General del Estado, cuyo delegado en el sureste Everardo Lazo Chapa atendió personalmente el llamado, y pudieron proceder porque el sujeto además profirió amenazas de muerte contra quienes reclamaban su bestial actuar.

Quizá Javier Rodríguez se siente muy confiado en que la suya es una posición política y no lo van a correr aunque no trabajen, pero resulta que en este caso quien puso en evidencia su negligencia fue una de sus compañeras de partido, la ex regidora de Ramos Arizpe Claudia Leza, que acudió a los medios de comunicación a señalar al Procurador.

No es el primer caso, lo mismo ocurre con otras situaciones relacionadas con sus facultades, Rodríguez Mendoza las ve desde la barrera y no interviene.

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Escrito por Redacción

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