25 septiembre, 2026
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Indignación total por el despliegue de la policía antidisturbios contra abuelita discapacitada de 87 años: video

Internacional

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Una operación policial en Madrid, España, generó una ola de indignación al desalojar a Maricarmen Abascal, una mujer discapacitada de 87 años. El equipo de policías antidisturbios la sacó de su departamento, donde había residido por 71 años, desatando la protesta de vecinos y activistas.

El desalojo escaló rápidamente, con enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía que se oponía a la medida. La octogenaria fue trasladada en camilla y luego en una ambulancia, en medio de la tensión y la condena pública por la forma en que se llevó a cabo la acción.

La razón detrás de este controvertido suceso radica en un prolongado conflicto legal entre Maricarmen Abascal y una empresa inmobiliaria. La compañía, propietaria de la vivienda, había incrementado el costo del alquiler de manera significativa, desencadenando el pleito judicial.

Según informes del sindicato de inquilinos de Madrid, la renta mensual del departamento había aumentado un alarmante 275 por ciento. Esto elevó el costo de su alquiler a 2,650 euros mensuales, equivalente a aproximadamente 53,400 pesos mexicanos, una cifra inalcanzable para la mujer jubilada, aunque personas cercanas aseguraron que ella siempre había cumplido con sus pagos anteriores.

En el momento del desalojo, a Maricarmen se le concedieron solo 30 minutos para recoger sus pertenencias. La indignación fue palpable fuera del edificio, donde los manifestantes gritaban: “¡Maricarmen, no estás sola!”, confrontando a los uniformados que ejecutaban la orden.

Organizaciones como Amnistía Internacional no tardaron en condenar el incidente, calificándolo como una “violación de los derechos humanos”. La entidad criticó un sistema que, a su juicio, prioriza los “intereses especulativos de un fondo buitre” sobre el derecho fundamental de Maricarmen a tener un hogar seguro.

El caso de Maricarmen Abascal, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en un símbolo del sufrimiento que enfrentan miles de personas en España. Ha reavivado un intenso debate público sobre la urgencia de legalizar y fortalecer nuevas leyes de vivienda que protejan a los ciudadanos más vulnerables.