Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa han manifestado su rotundo desacuerdo con el informe más reciente emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Consideran que este documento busca exculpar al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad en los hechos sin aportar pruebas que sustenten tal conclusión.
El colectivo de familiares calificó como “terrible” la postura de la CNDH al descartar la posible participación de las fuerzas armadas en los eventos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Además, señalaron que la recomendación desacredita las investigaciones previamente realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Según los padres, el informe de la CNDH “tira por la borda” hallazgos cruciales y, en cambio, respalda una narrativa impulsada en el pasado por el expresidente. Acusan a la Comisión de realizar una “defensa a ultranza” del Ejército, deslindándolo de las acusaciones relacionadas con su participación y la presunta ocultación de información.
A través del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las víctimas sostuvieron que la CNDH blinda a la institución castrense al limitar cualquier omisión a individuos específicos. Argumentan que la recomendación recupera fragmentos de otras investigaciones sin contribuir con elementos sustanciales para desentrañar la “macro-criminalidad” en Iguala.
Los familiares denunciaron que la CNDH parece “cortar y copiar” partes de discursos o publicaciones pasadas que descalificaban al GIEI, al Centro PRODH y a las organizaciones que los acompañan. Con esto, buscan “darle fuerza a la narrativa de un expresidente, pero no les alcanza”, puntualizaron.
Recordaron que tanto el GIEI como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa “demostraron” la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, así como el ocultamiento de información relevante.
Entre las pruebas mencionadas, destacaron la infiltración militar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desde 2010 y el monitoreo en tiempo real de la salida y traslado de los estudiantes hacia Iguala el 26 de septiembre de 2014. “La información la tuvieron minuto a minuto en tiempo real”, afirmaron.
Añadieron que informantes del Ejército (OBI) estaban desplegados en puntos estratégicos donde ocurrieron las agresiones. Asimismo, señalaron que un grupo de estudiantes que buscó refugio en el hospital Cristina fue presuntamente amenazado por militares que llegaron al lugar, y que las cámaras del C4, a cargo de los militares, no permitieron acceder a las grabaciones clave.
Finalmente, los padres reiteraron que la CNDH no ha presentado pruebas suficientes para desestimar los informes del GIEI, cuyo trabajo calificaron de “impecable”, ni para exonerar al Ejército de toda responsabilidad.
