El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permitirá la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
La modificación elimina restricciones históricas dentro del marco legal salvadoreño, donde anteriormente se privilegiaba la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Con esta reforma, se abre la puerta a condenas de por vida para delitos como homicidio agravado, violación, terrorismo y otros considerados de alto impacto.
El gobierno sostiene que la medida es necesaria para consolidar los resultados obtenidos en materia de seguridad en los últimos años, particularmente tras la implementación del régimen de excepción que permitió la detención masiva de presuntos integrantes de pandillas. Según las autoridades, estas acciones han contribuido a una disminución significativa en los índices de violencia.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la cadena perpetua podría agravar problemas estructurales del sistema penitenciario, como el hacinamiento, además de limitar las posibilidades de rehabilitación de los reclusos.
También se ha señalado la falta de un debate amplio antes de aprobar la reforma, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y su influencia en el Legislativo.
A pesar de ello, el gobierno salvadoreño ha dejado claro que continuará fortaleciendo su política de “cero tolerancia” contra el crimen organizado, incluso si ello implica endurecer aún más las penas dentro de su marco legal.
