La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concretó este miércoles la firma de un decreto fundamental, el cual estipula que cualquier individuo que aspire a la Presidencia de la República, así como a las gubernaturas estatales o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá contar únicamente con la nacionalidad mexicana. Esta acción representa un hito en la legislación electoral del país.
La medida fue anunciada durante la conferencia matutina presidencial, donde Sheinbaum Pardo enfatizó que la aprobación del decreto se logró con el respaldo mayoritario tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, además de los congresos estatales. Este consenso refleja un amplio acuerdo en torno a la necesidad de esta reforma constitucional.
El decreto establece una modificación significativa que entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028. Desde entonces, todo candidato o candidata a los puestos mencionados estará obligado a renunciar a cualquier otra nacionalidad que posea antes de su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Acompañada por Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, Sheinbaum procedió a la rúbrica del documento en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Se espera que este decreto sea publicado en la edición de este miércoles del Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando su entrada en vigor legal.
Alcalde Luján detalló que, si bien la reforma constitucional ha cumplido con todos los procedimientos legislativos requeridos, aún restan por emitirse las disposiciones reglamentarias específicas. Estas normativas complementarias definirán con claridad los trámites que deberán seguirse y ante qué autoridades, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y las entidades de los países de origen de la otra nacionalidad.
La consejera jurídica resaltó la trascendencia de este día, subrayando que la firma del decreto le otorga plena vigencia a esta reforma que busca fortalecer la identidad nacional de quienes ostenten los más altos cargos públicos en México. El objetivo es asegurar un compromiso total con la nación, sin posibles conflictos de interés relacionados con otras ciudadanías.
