Redacción
Por Eduardo J. De La Peña
Desde algunos años antes de que Morena ganara la Presidencia de México ya se identificaba a Pedro Arturo López Obrador como “el hermano incómodo”, y no en el sentido original de la frase que se acuñó en tiempos de Raúl Salinas de Gortari, pues en este caso no se trata de un consanguíneo envuelto en escándalos, sino que le colgaban esa etiqueta por ser el único que se atrevía a cuestionar, incluso públicamente, las actitudes del hoy Presidente.
Mientras en el transcurso de los años otros de los hermanos como Martín y Pío cobraron celebridad al circular los videos que los mostraban recibiendo millones de pesos en efectivo, para financiar las campañas, o documentos probando que son beneficiarios de programas federales, Pedro Arturo bajó el perfil y desapareció de la escena pública.
Pero resulta interesante que en estos tiempos los amigos de Pedro Arturo en Coahuila se empiezan a beneficiar de contratos de empresas paraestatales, ¿cómo cuáles? pues nada menos que la CFE. ¿Dónde más si no ahí?.
Aún más, uno de esos beneficiados es además funcionario del gobierno estatal, nos referimos a Gerardo Berlanga Gotés a quien se vincula con una empresa, Transportes Somifer, una sociedad de responsabilidad limitada a la que CFE ha considerado para la adjudicación directa de un pedido por más de 72 mil toneladas de carbón.
El miércoles Somifer, a través de su representante Ana Sofía Aréchiga Villarreal presentó a la CFE una oferta económica tasando en mil 207 pesos con 56 centavos la tonelada de carbón, con lo que el contrato ascendería a un monto de más de 87 millones de pesos.
La paraestatal publica el acta de la sesión en que Somifer presentó sus ofertas técnica y económica, pero no adjunta dichas propuestas, por lo que no se conoce si la empresa transportista detalla de dónde pretende obtener el carbón para eventualmente cumplir con el contrato, pues hasta inicios de esta semana seguían buscando un yacimiento en renta.
En todo caso, la tarde de este viernes se conocerá el fallo, lo cual es además muy oportuno, pues la señora Aréchiga celebrará el próximo lunes su cumpleaños número 36. Hoy sabremos pues si el Secretario Berlanga y la representante legal de Somifer tendrán o no doble motivo de festejo.
Y es que aún y cuándo la CFE ha recurrido una vez más al proceso de adjudicación directa está visto que no hay nada seguro para nadie, hasta la tarde del jueves la paraestatal había emitido 27 fallos de los 53 procedimientos que abrió, y ya ha rechazado las ofertas de cuatro proveedores.
Entre los rechazados está nada menos que el dirigente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, a cuya empresa Minera El Arca la descalificaron por no presentar el manifiesto de impacto ambiental del yacimiento que va a explotar.
¿Retomará Aguirre el tono crítico que le caracterizaba?.
También rechazaron a Arrendadora y Servicios del Norte de Eduardo Ramos Boone; a RSY Minera de Rogelio Sánchez Yutani, y a 3 Amigos de Eduardo Rodríguez Reyes.
Con estos cuatro rechazos quedan en suspenso adjudicaciones de pedidos por 315 mil toneladas de carbón, algo así como 378 millones de pesos. Habrá que estar pendientes, pues no sería de extrañar que terminen asignándolos a alguno de los proveedores consentidos.
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Este jueves se conoció que la Fiscalía de la República solicitó, y obtuvo, nuevas ordenes de aprehensión con dos empresarios a los que se investiga desde 2018 por estar implicados en un desfalco al Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
Se trata de los socios de la empresa que el hoy gobernador de Oaxaca Alejandro Murat contrató cuando era director del Infonavit para el programa de “Movilidad Hipotecaria y regulación de cartera”, ese doble juego en que recuperaban casas a deudores morosos, y luego las remataban en paquete para que las inmobiliarias volvieran a venderlas.
Cuando Murat se fue de candidato a Oaxaca y llegó David Penchyna al Infonavit, le rescindieron el contrato a esta empresa, y los socios se quedaron con dinero que tenía que haber ingresado a la institución.
El caso tiene interés en Coahuila, porque a su vez Penchyna contrató a otros para que hicieran el mismo trabajo, cobranza, recuperación y remate de casas, y fue así como se originó el megafraude para el que utilizaron a funcionarios judiciales de nuestra entidad, jueces y secretarios que se prestaron a juicios colectivos, no previstos en la ley, para despojar de sus viviendas a derechohabientes en Guerrero y otros estados.
Hoy que la FGR va por los implicados en el primer fraude, cabe desde luego preguntar qué ha pasado con el caso aquí en Coahuila, había al menos 7 funcionarios sujetos a proceso penal desde 2019, ¿en qué van estos procesos?, y al menos otros 11 bajo investigación ¿todavía no están listos para vincularlos?.
Pero además el Fiscal Anticorrupción Jesús Flores Mier dijo que se investigaba a los particulares que sobornaron a estos funcionarios judiciales, ¿llegó a alguna conclusión con estas investigaciones o lo dijo nada más para salir al paso?.
Será interesante conocer lo que la Fiscalía tenga que decir al respecto.
edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx
