Redacción
El diálogo entre poderes del Estado no se debe confundir nunca con la subordinación, reviró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que intervino en el Poder Judicial durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, quien a su vez respondió a los dichos del Ejecutivo federal asegurando que fue diálogo y no injerencia.
En la edición 19 del Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la ministra presidenta dejó en claro que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables y no implica licencia para actuar fuera de la Constitución mexicana.
“Y como sociedad debemos tener muy claro que, en una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial federal frente a los otros poderes”, sentenció Piña Hernández.
Durante el panel “El derecho en el México que viene”, Norma Piña consideró que uno de los mayores desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas es preservar la división de poderes y asegurar la independencia judicial, que no debe ser trastocada.
Por ello, en compañía de los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y la académica Ana Laura Magaloni, expuso que es indispensable promover la convicción de que es una garantía para el acceso a la justicia y requiere mecanismos robustos y previstos en el marco normativo e institucional.
“Nuestro objetivo debe ser lograr que este concepto sea entendido a cabalidad en función de sus efectos prácticos y reales en la vida de todas las personas. De otra manera, difícilmente surgirán incentivos para su preservación, para su defensa”, sostuvo la ministra.
La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que la independencia judicial no es fortuita ni gratuita, ya que los mecanismos que la hacen posible deben desarrollarse a la par de esquemas de rendición de cuentas y de transparencia.
“Independencia y autonomía deben ser sinónimos de responsabilidad, por ello enfatizo: la independencia judicial no es arbitrariedad, no implica licencia alguna para actuar fuera de los estándares constitucionales y legales”, afirmó.
Advirtió que si como sociedad se permite que se trastoque o destruya, tarde o temprano se convertirá en una justicia que atienda a razones ajenas al derecho, lo que terminará afectando a los más vulnerables.
En este marco, la ministra recordó que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce la importancia de la división de poderes y la independencia judicial.
