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Denuncian ante el Congreso desvíos de alcaldesa de Múzquiz

La ex secretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Karla Mónica Escalera, presentó una denuncia ante el Congreso del Estado contra la alcaldesa Tania Flores, a quien acusa de ejercicio irregular de recursos públicos y desvío por un monto cercano a los 100 millones de pesos.

Escalera entregó, con pruebas adjuntas, la denuncia al Congreso local, con atención a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, donde acusa una serie de delitos presuntamente cometidos por Flores como alcaldesa de Múzquiz específicamente en el ejercicio fiscal de 2022.

Entre las irregularidades señaladas, la ex funcionaria señaló la inclusión en el padrón de proveedores del municipio de la empresa Servicios y Minerales Guel S.A. de C.V, que está vinculada a Antonio Flores, hermano de la alcaldesa y presuntamente es una compañía fantasma, pues no se ubica en el domicilio fiscal que se registró.

“La razón social quedó constituida por C. Jaqueline Garza Briones y C. Edgar Ali Hernández Garza trabajadores de Antonio Flores Guerra, hermano de la denunciada y quien ha recibido contratos millonarios por adjudicación directa, se comprueba que son prestanombres”, señala la denuncia.

Señala que a la compañía se le han adjudicado de manera directa obras y arrendamientos de camionetas que se utilizan como patrullas. “Solicitamos se revisen todas las adjudicaciones directas y las obras a Servicios y Minerales Guel S.A. de C.V. ya que no se encuentran todos los contratos de obras en la plataforma del ICAI”, pide Escalera.

Dijo que además las pruebas presentadas comprueban la triangulación de pagos de contratos de obras por adjudicación directa a compañías relacionadas a la familia Flores Guerra.

Por otro lado, también denunció irregularidades en la adquisición de vehículos y gastos en el relleno sanitario. En total, enumeró los que considera son 10 delitos específicos presuntamente cometidos por la alcaldesa. Anteriormente había señalado que las irregularidades ascienden a un monto cercano a los 100 millones de pesos.

Escalera pide al Congreso local que su denuncia se turne a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública para que se inicie una investigación de la misma.

“Una vez dictaminada, turne su procedencia a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza para que inicie la revisión por situaciones excepcionales, por los hechos denunciados, y en su caso ejercitar la acción penal correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, en turno solicitando la orden de busca, aprehensión y detención en contra de quien o quienes resulten responsables”, concluye la denuncia.

Written by Redacción

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