Redacción
Por Eduardo J. De La Peña
El incendio que se presentó la tarde de este jueves en la zona de El Diamante viene a recordar de manera contundente que no hay espacio para el menor descuido.
En la circunstancia actual todo juega en contra. Hay, por la prolongada sequía, una gran cantidad de material vegetal seco en el campo; la humedad relativa es muy baja –este jueves fue menor al 20%– las temperaturas durante el día son muy altas, y como siempre en Semana Santa, las rachas de viento son fuertes.
Las primeras versiones indican que el incendio fue detonado por una quema de basura que se salió de control.
Estaríamos ante la misma situación que se presentó en febrero de 2019 en la misma zona, descuido que las autoridades ambientales cuestionaron sonoramente, pero que nunca castigaron pese a que afectó en aquél entonces decenas de hectáreas dentro del área natural protegida de Zapalinamé.
Debe haber firmeza, cero tolerancia y cero impunidad, pues si las condiciones ambientales son adversas e imposibles de controlar, al menos evitar que no haya un detonante humano.
Así como no hay espacio para descuidos, tampoco debe haberlo para titubeos, y va el comentario en relación con la ambigua postura del gobierno de Arteaga respecto a la venta de leña en comunidades rurales.
Han dicho que está prohibida la venta de carbón y leña pero lo cierto es que en los ejidos esto se ofrece de manera abierta, incluso en aquéllos como San Antonio de las Alazanas donde hay presencia diaria de la Policía Municipal y del propio alcalde, y se hace en la calle principal.
No se le niega a Ramiro Durán que ha tenido aciertos, como la adquisición de unidades de reacción rápida y la apertura del grupo de whatsapp “Vigilantes Ambientales”, que ambas acciones demostraron su utilidad en este nuevo incendio, pero debe haber mano firme en el otro tema.
Ninguna medida que implique restricción o limitante, ya sea para el turista o el comerciante, es popular, pero no están los tiempos para cuidar la imagen personal, a la larga dará mayor reconocimiento el actuar responsable en circunstancias como las que se viven.
–o–
Sin el menor respeto por los días de asueto, ya no se diga por el simbolismo religioso de la fecha, y sin tener en cuenta que la sociedad quedó saturada de politiquerías después de la consulta de revocación, Luis Fernando Salazar –con recursos de origen no aclarado– ha contratado a una casa encuestadora para medir su popularidad en llamadas casa por casa.
Al menos en Saltillo algunos que han recibido la llamada siguen en la línea cuando les anuncian que les harán preguntas en relación con Luis Fernando Salazar, porque no saben de quien se trata, pero cuando la grabación lo identifica como un político de Morena cuelgan de inmediato.
Es clara la intención del político lagunero de ir construyendo posicionamiento e identificación, por aquello de que el partido al que se fue a refugiar como tránsfuga (así dijo su papá) vaya realmente a postular a sus candidatos por encuesta.
Y si Salazar le sigue haciendo la lucha, esto anticipa que el proceso de Morena para designar en 2023 su candidato a gobernador no será nada terso, pues si algunos plegaron sus velas cuando vieron una línea clara a favor de Ricardo Mejía, otros andan buscando por donde colarse.
–o–
Mientras que los productores de carbón en Coahuila siguen en la incertidumbre respecto a si se les adjudicarán nuevos contratos de suministro a la Comisión Federal de Electricidad, hay una empresa que ya festeja el haber obtenido un contrato multimillonario, y se trata de un proveedor consentido de la paraestatal en este sexenio.
Troy T&D, propiedad del empresario poblano Carlos Carrera Velicia, sigue cosechando contratos en la CFE y en días anteriores le adjudicaron uno para proveer ocho millones y medio de toneladas de carbón para la central de Petatalco, Guerrero, contrato que tiene un valor de 39 mil 300 millones de pesos.
Sin operación minera conocida, Carrera Velicia le va a vender a Comisión Federal cada tonelada de carbón en más de tres mil pesos, cuando a los productores coahuilenses la paraestatal se los pagó el año pasado en menos de novecientos pesos.
A esta misma empresa le habían adjudicado en diciembre otro contrato por 780 mil toneladas.
El año pasado que CFE adjudicó a la familia Flores Guerra de Múzquiz los contratos para suministrar 2 millones de toneladas de carbón, negocio por cerca de 2 mil millones de pesos, hubo todo un escándalo. Hoy a Troy T&D le están dando casi veinte veces eso, de acuerdo al valor del contrato.
Y sin embargo nadie se atreve a cuestionar a la CFE y al gobierno federal, pues favorece a proveedores que seguramente importarán el carbón en lugar de aprovechar lo que se tiene en el país y detonar la economía de una región que suma ya varios años en prolongada crisis.
edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx
