Redacción
Por Charlie Savage, Maggie Haberman y Jonathan Swan
El expresidente Donald Trump está planeando una expansión extrema del combate a la migración como lo hizo en su primer mandato si regresa al poder en 2025, incluidos preparativos para detener a gran escala a personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y concentrarlas en campamentos cada vez más extensos mientras esperan a ser expulsados.
Estos planes restringirían en gran medida la inmigración legal e ilegal de diversas maneras.
Trump quiere revivir las políticas fronterizas de su primer periodo, entre ellas la prohibición del ingreso de personas de ciertas naciones con mayoría musulmana y la reinstauración de una política de la era de la COVID-19 de rechazar solicitudes de asilo (aunque, esta vez, basaría el rechazo en aseveraciones de que los migrantes portan otras enfermedades infecciosas como tuberculosis).
Trump planea purgar el país de inmigrantes que habitan aquí sin permiso legal y deportar a millones de personas cada año.
Para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, Trump está preparando una gran ampliación de una forma de remoción que no requiere audiencias con el debido proceso. Para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a llevar a cabo redadas extensas, planea reasignar otros agentes federales y sumar a la tarea a policías municipales y efectivos de la Guardia Nacional aportados voluntariamente por los estados gobernados por republicanos.
Para aliviar la tensión en los centros de detención del ICE, Trump desea construir campamentos enormes para detener personas mientras sus casos son procesados y esperan sus vuelos de deportación. Además, con el fin de sortear cualquier negativa del Congreso para apropiarse de los recursos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto del ejército, como lo hizo en su primer término para invertir más dinero en el muro fronterizo del que el Congreso había autorizado.
La gran cantidad de planes para 2025 de Trump equivale a un ataque a la migración a una escala nunca antes vista en la historia estadounidense moderna. Millones de migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal serían vetados en Estados Unidos o expulsados del país después de años o incluso décadas de haberse establecido aquí.
Tal escala de expulsiones planeadas generaría retos logísticos, financieros y diplomáticos y sería impugnada de manera enérgica en los tribunales. Sin embargo, no hay duda de la amplitud y ambición del cambio que Trump está contemplando.
En una segunda presidencia de Trump, se cancelarían las visas de los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones en contra de Israel o propalestinas. Los funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero recibirán instrucciones de profundizar la revisión ideológica de los solicitantes de visa para bloquear a personas que el gobierno de Trump considere que tienen actitudes indeseables. A las personas con un estatus de protección temporal porque provienen de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, se les revocaría ese estatus.
De forma similar, muchas personas a quienes se les ha permitido residir en el país temporalmente por razones humanitarias también perderían ese estatus y tendrían que abandonar el país, incluyendo a decenas de miles de afganos desalojados durante la toma del poder de los talibanes en 2021 a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos. Los afganos que poseen visas especiales concedidas a personas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses serían investigados de nuevo para verificar que de verdad colaboraron.
Además, Trump intentaría poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres que viven en el país sin permiso legal mediante la proclamación de que esa política será la nueva posición del gobierno y la instrucción a las agencias de dejar de emitir documentos que comprueben la ciudadanía de esos bebés, como tarjetas de Seguridad Social y pasaportes. La legitimidad legal de esa política, como casi todos los planes de Trump, seguramente terminará debatiéndose en la Corte Suprema.
En entrevistas con The New York Times, varios asesores de Trump dieron la descripción más amplia y detallada hasta la fecha de la agenda migratoria del expresidente para un posible segundo mandato. En particular, la campaña de Trump delegó las preguntas para este artículo a Stephen Miller, un arquitecto de las políticas migratorias del primer periodo de Trump que se mantiene cercano al exmandatario y que muy probablemente tendría un cargo importante en su segundo periodo.
Miller afirmó en una entrevista que tocó múltiples temas que todos los pasos que los asesores de Trump se están preparando para dar se basan en estatutos existentes; aunque es posible que el equipo de Trump intente renovar las leyes de inmigración, el plan fue elaborado para no necesitar nueva legislación sustantiva. Además, aunque Miller reconoce que surgirían demandas para impugnar casi cada una de las medidas, describió la intimidante variedad de tácticas del equipo de Trump como un “ataque veloz” diseñado para abrumar a los abogados de derechos de los migrantes.
Las herramientas para sacar provecho
Desde que Trump dejó el cargo, el ambiente político en lo referente a la inmigración se ha movido en su dirección. Ahora es más capaz de aprovechar ese entorno si es reelecto de lo que lo era cuando ganó la elección como un candidato ajeno a la política.
El retroceso de la pandemia de COVID-19 y la reanudación del flujo de los viajes han contribuido a generar una crisis migratoria global, con millones de venezolanos y centroamericanos que huyen de la convulsión en sus países y africanos que llegan a naciones latinoamericanas antes de continuar su viaje hacia el norte. A causa de las cifras récord de inmigrantes en la frontera sur y en ciudades como Nueva York y Chicago, los votantes están frustrados e incluso algunos demócratas piden medidas más duras contra los inmigrantes y presionan a la Casa Blanca para que maneje mejor la crisis.
Trump y sus asesores han visto la oportunidad y ahora saben mejor cómo aprovecharla. Los asistentes en los que Trump confió en los caóticos primeros días de su primer mandato a veces estaban en desacuerdo y les faltaba experiencia acerca de cómo manipular las palancas del poder federal. Al final de su primer mandato, los funcionarios del gabinete y los abogados que intentaron frenar algunas de sus acciones, como su secretario de Seguridad Nacional y jefe de personal John Kelly, habían sido despedidos y quienes permanecieron con él habían aprendido mucho.
En un segundo mandato, Trump planea instalar un equipo que no lo restringirá.
Desde que gran parte del combate a la migración del primer mandato de Trump enfrentó problemas para avanzar en los tribunales, el entorno legal se ha inclinado a su favor: sus cuatro años de nombramientos judiciales dejaron tribunales federales de apelación y una Corte Suprema mucho más conservadores que los tribunales que escucharon las impugnaciones a las políticas de su primer mandato.
La lucha contra la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) es un ejemplo de ello.
DACA es un programa de la era de Obama que protege de la deportación y concede permisos de trabajo a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Trump trató de ponerle fin, pero la Corte Suprema lo bloqueó por motivos procesales en junio de 2020.
Miller indicó que Trump intentaría de nuevo acabar con DACA. Además, la mayoría cinco a cuatro en la Corte Suprema que bloqueó el último intento ya no existe: algunos meses después del fallo sobre DACA, la magistrada Ruth Bader Ginsburg falleció y Trump la remplazó con un sexto miembro conservador, la magistrada Amy Coney Barrett.
Mantener fuera a la gente
El plan migratorio de Trump es continuar donde se quedó e ir mucho más lejos. No solo reviviría algunas de las políticas que fueron calificadas de draconianas durante su presidencia, muchas de las cuales eliminó la Casa Blanca de Biden, sino que también las ampliaría y las haría más estrictas.
Un ejemplo se centra en expandir las políticas del primer periodo dirigidas a mantener a personas extranjeras fuera del país. Trump planea suspender el programa de refugiados del país y volver a prohibir de manera categórica el ingreso de visitantes de países problemáticos poniendo de nuevo en marcha una versión de su prohibición a los viajes desde varios países principalmente de mayoría musulmana, lo que el presidente Biden calificó de discriminatorio y canceló en su primer día en el cargo.
Miller señaló que Trump también utilizaría diplomacia coercitiva para inducir a otras naciones a colaborar, incluso haciendo de la cooperación una condición para cualquier otro compromiso bilateral. Por ejemplo, un segundo gobierno de Trump buscaría restablecer un acuerdo con México para que los solicitantes de asilo permanezcan en ese país mientras sus peticiones son procesadas (no hay certeza de que México lo acepte; un tribunal mexicano ha precisado que ese trato viola los derechos humanos).
Trump también intentaría revivir los acuerdos de “tercer país seguro” con varias naciones de Centroamérica y establecer acuerdos similares en África, Asia y Sudamérica. Bajo esos acuerdos, los países aceptan recibir a posibles solicitantes de asilo de otras naciones específicas y permitirles solicitar asilo ahí.
Aunque estos acuerdos tradicionalmente solo han cubierto a los inmigrantes que pasaron previamente por un tercer país, la ley federal no exige ese límite y un segundo gobierno de Trump buscaría hacer esos acuerdos sin él, en parte como un disuasivo para los inmigrantes que hacen lo que el equipo de Trump considera solicitudes de asilo ilegítimas.
Miller añadió que, al mismo tiempo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) invocarían la ley de poderes de emergencia de salud pública conocida como Título 42 para rehusarse de nuevo a escuchar cualquier petición de asilo de personas que lleguen a la frontera sur. El gobierno de Trump había discutido internamente esa idea a principios del mandato de Trump, pero algunos secretarios del gabinete se opusieron argumentando que no había una emergencia de salud pública que la justificara legalmente. Al final, el gobierno la implementó durante la pandemia de coronavirus.
Dado que desde entonces la idea ha ganado aceptación en la práctica (Biden inicialmente mantuvo la política), Miller aseguró que Trump invocaría el Título 42 y daría como razones “cepas graves de influenza, tuberculosis, sarna, otras enfermedades respiratorias como el virus respiratorio sincitial y más, o simplemente el problema general de que la migración masiva es una amenaza para la salud pública que trae una variedad de enfermedades transmisibles”.
Trump y sus asistentes aún no han dicho si reimplementarían uno de los elementos disuasorios más polémicos a la inmigración no autorizada que impulsó como presidente: separar a los niños de sus padres, lo que provocó traumas entre los inmigrantes y dificultades para reunir a las familias. Cuando se le presionó, Trump se negó en repetidas ocasiones a descartar revivir la política. Después de muestras de indignación por la práctica, Trump le puso fin en 2018 y, más tarde, un juez impidió que el gobierno volviera a ponerla en efecto.
Deportaciones masivas
Poco después de que Trump anunció su campaña presidencial para 2024 en noviembre pasado, se reunió con Tom Homan, quien dirigió el ICE durante el primer año y medio del gobierno de Trump y fue uno de los primeros en proponer la separación de familias para disuadir a los inmigrantes.
En una entrevista, Homan recordó que en esa reunión “aceptó regresar” para un segundo mandato y afirmó que “ayudaría a organizar y dirigir la operación de deportación más grande jamás vista en este país”.
La visión de los asesores de Trump de deportaciones masivas abruptas llevaría a una convulsión social y económica, lo que perturbaría el mercado de la vivienda e industrias importantes como la agricultura y el sector de servicios.
Un paso planeado para superar los obstáculos legales y logísticos sería incrementar de manera significativa una forma de deportaciones rápidas conocida como “remoción expedita”. Esta les niega a los migrantes que viven en el país sin un permiso legal las audiencias habituales y la oportunidad de presentar apelaciones, las cuales pueden tardar meses o años (en especial cuando las personas no están en custodia) y han llevado a un atraso enorme en el procesamiento de los casos.
Una ley de 1996 señala que las personas pueden ser sujetas a la remoción expedita hasta dos años después de su llegada, pero, hasta el momento, el poder ejecutivo la ha usado con mayor cautela expulsando enseguida a personas descubiertas cerca de la frontera poco después de haber cruzado.
El gobierno de Trump intentó ampliar el uso de la remoción expedita, pero un tribunal la bloqueó y después el equipo de Biden canceló la ampliación. No se sabe si la Corte Suprema determinará que es constitucional utilizar la ley contra personas que han vivido durante un periodo significativo en Estados Unidos y expresan temor de persecución si son enviados a su país natal.
Trump también ha mencionado que invocaría una ley arcaica, la Ley de enemigos extranjeros de 1798, para expulsar a sospechosos de ser miembros de los cárteles de droga y las pandillas sin debido proceso. La ley permite deportaciones sumarias de personas provenientes de países con los que Estados Unidos está en guerra, que han invadido Estados Unidos o que han participado en “incursiones predatorias”.
La Corte Suprema ha permitido usos en el pasado de esa ley en tiempos de guerra. Sin embargo, su redacción parece requerir un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero, así que no se sabe si los magistrados estarían de acuerdo en que un presidente la estire para que abarque la actividad de los cárteles de la droga.
De manera más general, Miller manifestó que un nuevo gobierno de Trump pasaría de la práctica del ICE de arrestar a personas específicas a llevar a cabo redadas en lugares de trabajo y otros lugares públicos destinadas a arrestar de una sola vez a grandes cantidades de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal.
Miller comentó que para hacer que el proceso de encontrar y deportar a los inmigrantes que ya viven en del país sin permiso legal sea “radicalmente más rápido y eficiente”, el equipo de Trump incluiría a “los tipos correctos de abogados y los tipos correctos de formuladores de políticas” dispuestos a llevar a cabo tales ideas.
Además, debido a la magnitud de los arrestos y deportaciones que se contemplan, planean construir “instalaciones de detención vastas que funcionarían como centros de preparación” para inmigrantes mientras avanzan sus casos y esperan ser trasladados en avión a otros países.
Miller declaró que es posible que los nuevos campamentos se construyan “en terrenos abiertos en Texas cerca de la frontera”. Relató que el ejército los construiría bajo la autoridad y control del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque advirtió que aún no había planos específicos, dijo que los campamentos serían profesionales y similares a otras instalaciones para migrantes que se han construido cerca de la frontera.
Miller añadió que para incrementar el número de agentes disponibles para las redadas del ICE, funcionarios de otras agencias federales del orden serían reasignados temporalmente y efectivos de la Guardia Nacional estatal y policías locales, al menos de estados liderados por republicanos dispuestos a hacerlo, serían sumados a los esfuerzos de control de la inmigración.
Si bien una ley conocida como Ley Posse Comitatus generalmente prohíbe el uso de las fuerzas armadas con fines de mantenimiento del orden público, otra ley llamada Ley de insurrección crea una excepción. Miller aseguró que Trump invocaría la Ley de insurrección en la frontera, lo que permitiría el uso de tropas federales para detener a los inmigrantes.
Miller concluyó: “En resumen, el presidente Trump hará lo que sea necesario”.
c.2023 The New York Times Company
