Redacción
El Gobierno federal pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que, de ser posible, se solicite al Poder Judicial nuevas órdenes de aprehensión contra los militares involucrados en el caso Ayotzinapa, que obtuvieron su libertad condicional el pasado sábado.
Ayer, el Gobierno federal arremetió contra el Poder Judicial, al que acusó de tomar decisiones con base en criterios políticos, para dejar en la ciudadanía la percepción de que el Poder Ejecutivo protege al Ejército en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
”No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado para hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, aseveró la Secretaría de Gobernación”.
”Ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado, con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno protege al Ejército, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
El 20 de enero, la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que ocho militares lleven en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.
En respuesta, la FGR informó que iniciará un procedimiento contra la jueza federal y contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, a quienes acusa de conceder ventajas indebidas y desconocer resoluciones de jueces para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados.
”Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, anunció Gobernación.
”Vamos a pedir a la Fiscalía, solicite la revisión de las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo Tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.
