Redacción
Los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, reclamaron este jueves en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército entregue la documentación faltante sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes.
“No tenemos una visión ni una sensación positiva de la reunión. El presidente insiste mucho en que ya se dio toda la información, cuando esto es inexacto. Salimos de la reunión con sabor agrio ante un panorama gris”, dijo en entrevista con la agencia de noticias EFE Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014.
El representante legal indicó que el encuentro, que duró algo más de tres horas en el Palacio Nacional, se centró en esta exigencia de que el Ejército entregue documentos faltantes que podrían contribuir al esclarecimiento de muchas de las incógnitas de aquel 26 de septiembre de 2014 y días posteriores.
“Tiene que ver con un conjunto de documentos que el Ejército mexicano tiene en su poder con motivo de su intervención, que están relacionados, por ejemplo, con que dieron seguimiento a estudiantes, que tenían soldados infiltrados en la escuela normal rural o que intervinieron comunicaciones telefónicas de varios actores”, explicó Vidulfo.
OBSTRUCCIÓN Y FALTA DE INFORMACIÓN
Tanto los padres como Rosales recordaron que la existencia de estos documentos faltantes en lo entregado por el Ejército fue acreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Indicó que mucha de la información faltante tiene que ver con el paradero de los estudiantes.
Indicaron que el próximo lunes 25 a las 17:00 horas (23.00 GMT) se reunirán, ahora sin el presidente, con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, también en Palacio Nacional.
La reunión ocurrió en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla con su promesa de aclarar el caso durante su mandato, que termina el 1 de octubre de 2024.
La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
(Con información de EFE)
