Redacción
La nueva ampliación hasta junio de 2023 del decreto que regulariza el contrabando automotriz que acaba de anunciar el Presidente Andrés Manuel López Obrador no hace más que evidenciar el fracaso , lamentó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Agregó que “no es posible que en año y dos meses que lleva de duración no se haya acabado con este fenómeno, además de que no se ha hecho nada por cerrar la frontera a este tipo de unidades y siguen entrando por miles, beneficiando únicamente a las mafias que controlan su introducción y comercialización”.
Expuso que del 19 de marzo de 2022 al 21 de marzo de este año se han regularizado un millón 319 mil 438 unidades ilegales, cifra por arriba del millón 132 mil 751 vehículos nuevos que se han vendido entre marzo del año pasado y febrero de 2023 (un periodo similar).
“Cuando se publicó el DECRETO por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera el 19 de enero de 2022, el Presidente se comprometió a ayudar a la gente y acabar con este problema, la realidad es que este programa ha provocado una serie de fraudes a la población por personas y organizaciones que prometen tal regularización ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular para atender la demanda y el fenómeno de los vehículos de contrabando”, afirmó el presidente de la AMDA.
A pesar del más del millón de vehículos regularizados, ahora hay otro millón o más esperando la regularización o sustituyendo a los que ya se regularizaron pero que en realidad desean permanecer en la ilegalidad, ya que tampoco se han anunciado reglas claras sobre qué va a pasar con los vehículos de contrabando que no han dejado de entrar a México y que no se regularicen.
La nueva preocupación, apuntó Rosales, es que el presidente López Obrador anunció que como parte de esta nueva ampliación de vigencia también analizará incluir en el decreto de regularización a otros miles de vehículos que no están contemplados por no haber sido manufacturados en la zona del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que vendría a complicar aún más este fenómeno.
