Redacción
El pago de indemnización de 154 millones 230 mil 877 pesos es el monto que se ha erogado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de enero del 2019 al 5 de mayo del 2023, para las víctimas que resultaron lesionadas o familiares de fallecidos en diversas acciones de las Fuerzas Armadas.
En el periodo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 106 millones 900 mil 006 pesos, de 95 expedientes que no mencionan el número de víctimas por considerarse información reservada.
En el caso de la Secretaría de Marina (Semar) el monto erogado en este mismo periodo fue de 47 millones 330 mil 871 pesos, que documenta 134 pagos sin precisar el número de víctimas.
En 2022 la Sedena registró el pago de indemnizaciones más elevado de 40 millones 794 mil 975 pesos y en el caso de la Semar fue en 2019, con 31 millones 638 mil 729 pesos.
En la administración de Enrique Peña Nieto, la Sedena tiene registros a partir de 2015 a 2018 y las indemnizaciones fueron de 31 millones 991 mil 613 pesos, con 76 expedientes.
Mientras que la Semar cuenta con registros de la administración anterior a partir del 2016 al 2018 y el pago fue del orden de 22 millones 654 mil 634 pesos con 110 pagos.
Esto de acuerdo a la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, así como de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar proporcionada a EL UNIVERSAL.
José Antonio Guevara Bermúdez, expresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, considera que la Sedena y Semar están acostumbradas a reparar el daño a las víctimas conforme a estándares por debajo de lo que marca la Ley General de Víctimas y las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
Explica que las reparaciones no solamente consisten en una aportación económica por el daño causado, pues tendrían que resarcir más modalidades que establece la Ley de Víctimas, que son medidas de satisfacción.
“Estas medidas de satisfacción tienen que ver no solamente con la posibilidad de que les ofrezcan disculpas públicas a las víctimas de esas atrocidades, además de que se investigue, procese y castigue a los responsables de cometerlas”.
”Pero aún más, a los mandos que permitieron, toleraron, auspiciaron, fomentaron y ordenaron los abusos, cosa que no sucede”, dice Guevara.
Detalla que las autoridades militares están obligadas a resarcir a las víctimas por lo que se refiere a las garantías de no repetición, eso significa que debieran establecer protocolos, modificaciones legales y políticas públicas, para impedir que actos similares puedan volver a ocurrir por servidores de esas instituciones.
El defensor de derechos humanos remarca que dentro de las medidas de no repetición debieran estar la no participación de militares en tareas de seguridad pública.
”Estamos viendo que la Marina y el Ejército detienen arbitrariamente, torturan, desaparecen a personas una y otra vez, de manera que llegan a esas cantidades que dicen que han reparado”.
”Lo que observamos es que ya contemplan como parte de sus establecimientos estandarizados de operación la comisión de esas violaciones de Derechos Humanos y tiene una tasa para reparar a las víctimas”, resalta.
Jesús Gallegos Olvera, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, destaca que las cifras no dejan de ser importantes por su incremento dadas las condiciones de violencia que se viven en México.
Gallegos precisa que muchos de estos daños ocasionados por las Fuerzas Armadas se relacionan con las operaciones que se ejecutan y que desafortunadamente en algunos casos afectan a civiles, y por ello se enfatiza la responsabilidad.
”En el caso de la Secretaría de Marina, este registro nos muestra que frente a Sedena tiene menor incidencia en todos estos eventos”, subraya Gallegos.
El académico expresa que la Semar, al igual que Sedena, son reconocidas por una mayor participación en diferentes áreas de seguridad del país.
César Gutiérrez Priego, abogado y experto en Fuerzas Armadas, indica que cuando se tiene que cuantificar cantidades de dinero, la reparación del daño nunca se va a poder lograr, pero la ley busca la mejor forma de que la persona que sufrió una violación de derechos humanos sea resarcida, aunque el tema es muy subjetivo.
“Hay personas que merecen todo el respeto en gestión de los derechos humanos, que son grandes luchadoras de estos, pero hay otras, acompañadas de bufetes de abogados y lo que hacen es utilizar a las víctimas para sacar beneficios de carácter personal y terminan haciendo negocios”, sostiene.
Dice que el número de expedientes puede estar integrado por una víctima o más de cinco. Según la importancia del caso es el interés de solucionarlo, considera.
