Redacción
Un juez dictó sentencia en contra de 12 policías estatales de Tamaulipas acusados por la masacre de 19 personas en el municipio de Camargo el 22 de enero de 2021; 17 personas migrantes de Guatemala y El Salvador, y 2 mexicanos.
El Juez Unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, Patricio Lugo, dictó las sentencias: 11 por homicidio calificado; 12 por abuso de autoridad; 12 por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, y uno por delito de informes falsos dados a una autoridad.
La Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes “Nadie es Ilegal” señaló que se trata de “una sentencia emblemática” porque es la primera condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes.
Indicó que más de 60 testimonios fueron presentados durante el juicio, que comenzó el 22 de mayo pasado para reconstruir la masacre de personas migrantes y dos mexicanos.
“La Masacre de Camargo demuestra que en México agentes del Estado torturan y asesinan a personas migrantes, y no podemos olvidar que hay otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, donde se mantiene una máquina de impunidad.
“Las cinco masacres que tenemos registradas suman–hasta donde sabemos– 352 víctimas”, refirió.
La justicia será alcanzada hasta que todas las víctimas de las masacres tengan justicia, hasta que el sistema mexicano garantice la reparación integral del daño, que incluya medidas compensatorias, disculpa pública y garantías de no repetición.
También queda pendiente, dijo, la investigación respecto a los demás servidores públicos involucrados en la Masacre de Camargo: policías que estuvieron presentes, la cadena de mando de los 12 policías y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Señaló que familias de las víctimas se quedaron sin el sustento para sus hijos y para el resto de los dependientes, además que enfrentan un contexto muy difícil desde la parte emocional, económica y política.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas ha estado ausente para apoyar a estas familias, discriminándolas por ser extranjeras, acusó.
Queda pendiente la audiencia para individualizar la pena de cada persona responsable y también la reparación del daño, la cual esperamos sea proporcional a los delitos cometidos y los perjuicios causados a las familias, dijo.
“Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de las personas migrantes, no se les puede desaparecer, torturar y mucho menos asesinar, porque habrá una consecuencia, pero, sobre todo, no se puede utilizar el cargo público que fue conferido para proteger a las personas, no pueden utilizar ese poder para matar a los migrantes.
“Los servidores públicos de México tienen el deber de proteger a todas las personas que están en el territorio mexicano, sean de origen mexicano o migrante, sin importar su nacionalidad. Más aún, México ha firmado tratados internacionales que lo obligan a brindar una protección adicional a las personas migrantes y a las personas que buscan asilo.
“Que esta sentencia sirva para que, a partir del día de hoy, a ninguna persona migrante se le asesine en este país mientras tratan de llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida digna”, sentenció.
CONTEXTO
Como se recordará, en el 2021, la Fiscalía General del estado de Tamaulipas informó el 23 de enero de ese año sobre el hallazgo de dos camionetas calcinadas, una de ellas con 19 cadáveres en el interior, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo, fronterizo con Texas y el estado de Nuevo León.
El Ministerio Público estatal abrió una investigación, según la cual las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego y posteriormente calcinadas.
El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció a inicios de febrero del 2021 que 12 agentes de la policía estatal fueron capturados por su probable participación en el crimen y acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes.
“No se encontraron casquillos en el lugar donde estaban incinerados, pudo haber una alteración de la escena del crimen”, comentó a Efe el portavoz de Seguridad, quien añadió que hubo “contradicciones” en las versiones de los policías.
Los cárteles cooptaron a tantas fuerzas de la policía municipal en Tamaulipas que el estado decidió disolverlas a todas y confiar más en agentes de la policía estatal, que están mejor adiestrados. Cuando el gobierno federal retiró a infantes de Marina, que solían proporcionar gran parte del apoyo con armas de alto poder a las fuerzas policiales en el estado, alentó al gobierno estatal a crear unidades de élite como el GOPES.
La reputación del GOPES, desaparecido por el gobierno de Américo Villarreal, era tan temible que el gobierno de Estados Unidos, que adiestró a algunos de sus elementos, buscó distanciarse de esa corporación, a la que se refería tanto por sus iniciales previas de CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas), como por su nombre posterior, GOPES.
La embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo que tres de los 12 agentes acusados de la masacre de migrantes “recibieron adiestramiento básico y/o adiestramiento de supervisor de primera línea” mediante un programa del Departamento de Estado antes de que los asignaran a la corporación especial.
Un documento informativo de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) deja entrever que el Cártel del Noreste estaba activo en la zona a finales de enero de 2021, con la intención de asesinar a una figura prominente del Cártel del Golfo, cuando se topó con los migrantes. Algunas personas creen que sicarios del Cártel del Noreste podrían haber participado en la masacre, o al menos incendiado la camioneta y los cadáveres posteriormente para perjudicar las actividades del Cártel del Golfo.
Hay un punto en el que todos están de acuerdo: Los cadáveres estaban tan calcinados que en el curso normal de las investigaciones podrían no haber sido identificados nunca y habérseles sepultado y olvidado como posibles participantes de un enfrentamiento más entre cárteles.
Sin embargo, el GOPES no sabía que la camioneta formaba parte de una caravana mayor de vehículos que transportaba a migrantes, incluido un guatemalteco traficante de migrantes que conocía a todas las víctimas. Él fue quien avisó de la masacre a sus familias en sus países de origen, y los parientes hicieron pública la noticia.
