Redacción
El Gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores poseedores de Bitcoins del mundo, pero no le importa si la criptomoneda sube o baja de valor, pues su reserva de unos 200 mil Bitcoins, más de 5 mil millones de dólares, fue confiscada a ciberdelincuentes y mercados de la red oscura, destacó The Wall Street Journal.
Esa reserva está principalmente fuera de línea en dispositivos de almacenamiento cifrados y protegidos con contraseña conocidos como billeteras de hardware que están controlados por el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos (IRS) u otra agencia.
Lo que hace el Gobierno con sus Bitcoins ha sido durante mucho tiempo un tema de interés entre los comerciantes de criptomonedas porque cualquier venta podría potencialmente hacer oscilar los precios o causar otros efectos dominó en el mercado de activos digitales de un millón de millones de dólares, refirió WSJ.
Estados Unidos ha sido notoriamente lento a la hora de convertir su reserva de Bitcoins en dólares.
No es HODLing, lenguaje criptográfico para “aferrarse a la vida” y nunca tener la intención de vender, tampoco está esperando a que el precio del Bitcoin vaya “a la luna” para poder vender sus tenencias y obtener una ganancia considerable, más bien, esa gran pila de Bitcoins es más un subproducto de un largo proceso legal que una planificación estratégica.
“No jugamos en el mercado, básicamente nos fijamos en el momento de nuestro proceso”, dijo Jarod Koopman, director ejecutivo de la sección de Servicios Cibernéticos y Rorenses del IRS, que supervisa todas las actividades centradas en los delitos cibernéticos.
WSJ destacó que solo tres incautaciones recientes pusieron más de 200 mil Bitcoins en las arcas del Gobierno, según un análisis de documentos públicos realizado por la empresa de cifrado 21.co.
Incluso después de vender unos 20 mil bitcoins, las tenencias de Estados Unidos todavía valen más de 5 mil millones de dólares, según muestra el análisis. Es probable que el tamaño del fondo total del Gobierno sea mucho mayor.
Desde la incautación de Bitcoins ilícitos hasta la recepción de la orden final para liquidar los tokens a cambio de efectivo, el proceso legal puede llevar años.
En algunos casos, eso funcionó a favor del Gobierno porque el valor de la criptomoneda se apreció enormemente.
Por ejemplo, en el 2016, cuando el empresario tecnológico convicto Ilya Lichtenstein hackeó el exchange de criptomonedas Bitfinex, el Bitcoin se cotizaba en alrededor de 600 dólares.
Cuando Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, fueron arrestados en el 2022 y el Departamento de Justicia anunció su mayor incautación financiera de alrededor de 95 mil Bitcoins, el token había subido a 44 mil dólares. Hoy ronda los 27 mil dólares.
Cuando una agencia gubernamental toma el control de un activo criptográfico, Estados Unidos no posee inmediatamente ese activo.
Solo después de que un tribunal emite una orden de decomiso final, el Gobierno toma posesión y transfiere los tokens al Servicio de Alguaciles, la agencia principal encargada de liquidar los activos incautados.
Mientras el caso está pendiente, el Gobierno retiene el Bitcoin como prueba o producto del delito.
Con información de Reforma
