Redacción
El Gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, tuvo un revés legal en su lucha por buscar dejar a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro, como Mandatario interino.
Sin embargo, el aspirante presidencial del partido naranja recurrió ahora a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, donde promovió un juicio para la protección de derechos político electorales.
El Juez Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, Juan Fernando Alvarado, uno de los “juzgadores favoritos” que ha otorgado suspensiones a Samuel García, su familia y funcionarios de su gabinete, desechó un juicio de amparo al Secretario de Gobierno, Javier Navarro, con el que buscaba tumbar la designación de Arturo Salinas como Gobernador interino.
En el juicio 2268/2023, presentado el sábado pasado, Navarro solicitaba la protección federal contra el posible destierro, exilio y/o deportación en contra de su persona, lo que le impediría que asumiera como encargado del despacho del Gobernador, como lo había designado García mediante un decreto.
Sin embargo, el juez federal determinó que no era procedente el amparo porque el nombramiento del interino es una facultad soberana y discrecional del Congreso local.
Samuel solicitó al Trife que se le reconozca que, ante una ausencia temporal, él debe designar a quien lo cubra e insiste en que debe ser su Secretario de Gobierno.
Acusa que al haber nombrado Gobernador interino a Arturo Salinas, el Congreso local actúa dentro de una “estrategia sistemática criminal organizada”.
Por ello, demanda a los magistrados de la Sala Superior que se haga una interpretación de los actos con los que el Congreso de Nuevo León pretende sustituir la designación de Navarro por el “nombramiento falaz” de Salinas, magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia.
“Suplico a sus señorías confirmar o dejar sin efectos por inválidos los actos con los que pretende alterarse esta situación (la designación de Navarro como encargado del despacho), en concreto, el acuerdo en el que el Congreso buscó sustituir al Secretario de Gobierno con el nombramiento falaz del anterior presidente del Tribunal, como si existiera ausencia absoluta y no temporal, y el acuerdo en el que, con competencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia pretende suspender el nombramiento del Secretario”, arguye.
“(Todo ésto) forma parte de una estrategia sistemática criminal organizada que busca obstaculizar los derechos del suscrito, usando las instituciones estatales”.
Presentado el sábado pasado, el recurso se turnó a la Magistrada Janine Otálora, con el número de expediente SUP-JDC-536/2023.
