Redacción
En el tintero
Por Jessica Rosales
Coahuila arrancó el año con una buena noticia, finalmente y tras varios esfuerzos de la comunidad LGTBIQ+, los más recientes esfuerzos legales, causaron efecto, y por primera vez también en la historia del estado tienen espacios de participación electoral para acceder a cargos en los municipios.
El Instituto Electoral de Coahuila en Sesión Extraordinaria que celebró el primero de enero, aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024.
Pero no fue cosa fácil, pese a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos de las tres consejeras que integran la comisión correspondiente votaron en contra de las acciones afirmativas, sin dar mayor sustento a su decisión.
Días después integrantes de los colectivos San Aelredo y Lxs Otrxs Morrxs se manifestaron pacíficamente en el Instituto Electoral de Coahuila y tomaron de manera simbólica las instalaciones por unas horas sin que ello significara la afectación de sus operaciones ni el libre flujo de personas.
Fue la presión mediática y nuevamente un recurso legal lo que prácticamente obligó al Consejo del Instituto a tomar una decisión sobre el tema para que pudiera tener vigencia en el actual proceso electoral.
De esta manera, el día primero, el pasado lunes, por unianimidad los Consejeros votaron a favor de otorgar las posiciones y obligar a los partidos a postular a personas LGTBI en las elecciones para renovar 38 ayuntamientos.
Aunque las consejeras que votaron en principio en contra dijeron haber sido víctimas de violencia, sin presentar una sola prueba de ello, hay que decirles que exigir y cuestionar derechos no es violencia sino alzar la voz y un derecho ciudadano. Pues bien, esto derivó en que para eliminar un poco su mala imagen propusieran subir de 5 a 8 posiciones de mayoría y de 9 a 10 de representación proporcional.
Por lo que los partidos politicos deberán postular a personas LGTBIQ+ en 18 posiciones en el estado lo que significa solo el 3.4 por ciento de los espacios que estarán en juego en la elección local de 2024. Un logro de activistas como Noé Ruiz Malacara, la diputada Salma Luévano Luna, incluso el acecido magistrade Ociel Baena quien impulsó acciones sobre este tema, entre otros, el cual se les otorgó poco más de tres meses después de una sentencia federal ¿Por qué la tardanza del IEC en acatar un mandato judicial?
¿Y por qué los colectivos tuvieron que pelear sus derechos específicos ante la autoridad electoral federal? Pues resulta, como ya le hemos comentado en anteriores ocasiones, que en forma tramposa los partidos postulan en el apartado de grupos vulnerables a personas que se encuentran definitivamente en situación privilegiada.
Por ejemplo, Morena postulo a Alberto Hurtado en el grupo vulnerable de jovenes, que si bien tiene capacidad para el cargo no es el espacio que corresponde a una persona en situación vulnerable, o el PRI a Lauro Villarreal en el de adultos mayores. A la ley le falta especificar que esos espacios deben ocuparlos realmente personas que entiendan dicha vulnerabilidad o la hayan padecido.
Por ejemplo, están pendientes las mismas acciones afirmativas a través de recursos legales para que se cumpla el otorgamiento de espacios para personas con discapacidad y de grupos indígenas para que los partidos no evadan sus obligaciones.
