Redacción
En El Tintero
Por: Jessica Rosales
El Instituto Electoral de Coahuila es un organismo público autónomo, cuya función es contribuir a la vida democrática del estado. Los consejeros y quienes operan su funcionamiento deben cumplir con su responsabilidad, pero sobre todo con el profesionalismo, imparcialidad, objetividad, probidad y honestidad que requiere su cargo.
¿Pero en el IEC realmente cumplen con estas características? El Consejo del Instituto promueve y cacarea acciones como erradicar la violencia política de género, respetar la ley en sus diferentes conceptos, y por ello, los consejeros, pero aún más su presidente, se deben conducir con decoro y profesionalismo.
Desafortunadamente las posturas que ha adoptado el consejero presidente, Rodrigo Paredes dejan mucho que desear, son incongruentes, y además de poco profesionales se tornan hasta vulgares.
Recientemente la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia del Tribunal local y dictó a favor del presidente, sobre un asunto que enfrentaba con el resto de los consejeros, la designación del personal. El tema hasta aquí está correcto.
Sin embargo, aunque el asunto debió limitarse a ser difundido, a Rodrigo Paredes le ganó la pasión, y sin control alguno comenzó a difundir imágenes violentas, un gato maltratado para referirse a uno de los consejeros, pues escribió en sus historias de WhatsApp “Títulos de doctores jajaja, la gata ardida en 3,2 1”. Situación que incluso fue detectada y comentada por varios representantes de partidos.
El consejero Oscar Daniel Rodríguez, es el único en el Consejo con título de doctor y además tiene una imagen de un gatito en su WhatsApp, por lo cual resulta lamentable la referencia del presidente del IEC. Y en el supuesto que no sea para él, igualmente es desagradable que exhiba el maltrato animal para agredir a alguien y, repito, hasta vulgar. Alguien debería decirle que tiene una investidura que requiere de una actuación impecable.
Y lo más grave no es esto, su Unidad Técnica de Transparencia está incurriendo en una ilegalidad y violado la Ley de Acceso a la Información Pública del estado. ¿Su titular Erika Oyervides será la única responsable o habrá alguien detrás? Eso lo tendrá que explicar al ICAI.
Resulta que el 14 de diciembre del 2023 el IEC recibió la solicitud de información 051143000025123, cuyo nombre del solicitante aparece como Periodismo Ciudadano, en donde se le pide la siguiente información: “Solicito me proporcione copia de todos los contratos celebrados entre el IEC y Guillermo Flores desde noviembre de 2022 a la fecha. Solicito me envíe copia del contrato, cotizaciones, padrón de proveedores, evidencia de los trabajos y en general todo lo relacionado con los contratos de esa persona”.
El 24 de noviembre la respuesta del IEC es la siguiente: “Tras una minuciosa revisión en nuestro sistema contable, nos permitimos informarle que no existen contratos realizados con la persona física llamada Guillermo Flores de noviembre de 2022 a la fecha, por tal motivo no se cuenta con contrato, cotizaciones, padrón de proveedores, evidencia de los trabajos o algún dato relacionado con este, sin embargo, cabe señalar que se desconoce si dicha persona pueda ser miembro o representante de alguna empresa o asociación, toda vez que, como únicamente se proporciona un (01) apellido en dicha solicitud de transparencia, esta Dirección desconoce si pudiera existir algún homónimo con una personalidad jurídica distinta”.
Aunque pudo justificarse en algunas lagunas, lo cierto es que al decir que se desconoce si dicha persona pueda ser miembro o representante de alguna empresa o asociación, incurrió en una irregularidad que violenta el derecho a la información.
De acuerdo con información oficial existe el contrato SG-010-2023 de Producción de Spots para Promoción del Voto, cuyo representante legal es Guillermo Antonio Flores Méndez, quien recibe como pago una cantidad de poco más de medio millón de pesos, con exactitud 525 mil 480.
Lo malo no es el contrato, el prestador de servicios habrá cumplido con los requisitos de ley y está en su derecho de participar como proveedor como cualquiera con capacidades para ese trabajo, aquí el cuestionamiento es: ¿Por qué ocultar información pública? ¿Quién y por qué se ordenó esa respuesta? Seguramente el ICAI (Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública), con su nueva titular Dulce María Fuentes Mancillas, estarán interesados en investigar.
En lugar de pasarse peleando con el resto del Consejo o estar echando culpas a su antecesora, el presidente Rodrigo Paredes debería asumir su papel con seriedad, responsabilidad y, sobre todo, con profesionalismo.
